Los dirigentes han denunciado ante la OIT y a la OCDE las decisiones emanadas desde la Dirección del Trabajo (DT), entidad que, a través de una serie de disposiciones, les ha impedido poner fin a la movilización ocurrida en abril de 2018, al no reconocer legalmente la aprobación de la última oferta entregada por los ejecutivos de la compañía.
