La institución denunció que la iniciativa —actualmente en segundo trámite constitucional— implica discriminación arbitraria incompatible con la Constitución, la Ley de Garantías de la Niñez y los tratados internacionales vigentes.
Vanessa González, directora de la agrupación, señaló que la iniciativa que modifica la Ley 21.325 les preocupa, debido a que evidencia un retroceso en materia de derechos humanos, además del endurecimiento y criminalización de la migración.
