Organizaciones locales junto a la ONG Chile Sustentable acusaron ante la Superintendencia de Medio Ambiente de la región del Biobío una serie de irregularidades producidas por la ampliación del vertedero de cenizas de la Central Termoeléctrica Bocamina II.
En total, son tres los directivos que deberán cumplir con una firma quincenal durante ocho meses. La medida cautelar responde a un querella presentada en 2012 por los pescadores de la zona.
