Los alcaldes del sector poniente acusaron que la postergación de las obras perjudica a un millón de vecinos. Exigieron al Ejecutivo asegurar los recursos para salvar este proyecto.
La empresa argumentó que no pudo dejar sin efecto pagos de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público, mientras el alcalde de Maipú exigió transparencia y un cronograma actualizado para una obra esperada por más de 35 años.
