Ximena Insunza, investigadora del Centro de Derecho Ambiental, recalcó la importancia de abordar los conflictos medioambientales a través de la transdisciplinariedad para complementar distintas visiones, y por lo tanto, tener una mejor solución.
Como una estrategia para reducir el riesgo se consideró el recurso de casación de Barrick en contra de la resolución del Tribunal Ambiental que dejó sin efecto una sanción de casi 17 millones de dólares al proyecto Pascua Lama. Según ambientalistas, un proceso bien llevado podría incluso derivar en la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental de la minera.
La demanda que han liderado las organizaciones sociales y comunidades diaguitas del Valle del Huasco contra la empresa dueña del proyecto Pascua Lama, Barrick Gold, sigue su curso. Este martes, se presentó ante el Segundo Tribunal Ambiental, un testimonio clave que vendría a confirmar daños directos al medio ambiente producidos por el proyecto de mega minería.
Demandantes contra el proyecto minero Pascua Lama testificaron ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, como parte del proceso que busca detener definitivamente los trabajos que se realizan en la tercera región, y que ha significado un daño irreversible para los glaciares. Recordemos que las obras se encuentran paralizadas por una orden judicial, lo que se suma a la multa de 16 millones de dólares aplicada a la empresa por la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Qué novedades se anuncian como parte de este largo proceso?
Greenpeace Chile presentó una denuncia ante la Superintendencia de Medioambiente, donde señalan que Barrick Gold, empresa ejecutora del proyecto Pascua Lama, adulteró su propia autodenuncia ante la SMA por daños ambientales. Con ello, las organizaciones y vecinos subrayan que este proyecto minero es insostenible debido a su constante intención de ocultar información.
Este miércoles declaró ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el Obispo de Copiapó, Gaspar Quintana. Mientras, siguen adelante las acciones legales y administrativas y los cuestionamientos a la iniciativa, todo esto cuando la empresa continúa paralizada y, desde Argentina, hace pocos días, se criticó la forma en la que ha operado nuestro país.
El primero de los tres tribunales ambientales comenzó sus funciones este viernes, ocasión en la que su presidente, José Ignacio Vásquez, subrayó que no se revisarán casos como Hidroaysén y Punta Alcalde. Organizaciones insisten en que esto no es definitivo de acuerdo a las competencias de la nueva institucionalidad.
