Baltasar Garzón fue inhabilitado en un “proceso arbitrario” cuando instruía el caso Gürtel, según dictaminó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pide a España “una reparación efectiva” y “borrar los antecedentes penales” del ex juez de la Audiencia Nacional, porque el Tribunal Supremo de ese país vulneró su presunción de inocencia.
