La institución cuestionada pactó dos convenios con el Minvu por $227 millones, ambos con un 55 y 43% del monto transferido “rendido y aprobado”. Según el CDE, la falta de documentación imposibilita revisar el correcto uso de los recursos traspasados.
El mandatario respaldó a la delegada presidencial del Biobío y al exintegrante de la fundación Urbanismo Social, Rodrigo Hernández. Además de eso, afirmó que “es importante que seamos capaces de distinguir y no metamos a todos en un mismo saco”.
De todas maneras, el titular de la cartera de Vivienda anunció que un equipo de su ministerio viajará a la región para realizar una investigación preliminar. “Si aparece algún elemento que no corresponda, ahí nosotros vamos a reaccionar”, añadió.
Agosto fue el mes de la Dirigencia Social y Comunitaria, conmemoración que marcó el lanzamiento del Primer Concurso de Cuentos Breves sobre relatos que hablen de la organización social en la lucha por la vivienda digna y el acceso a la ciudad.
