La organización defensora de usuarios recurrirá a la Corte Suprema para que revierta la decisión de la Superintendencia de Salud de permitir el aumento en los planes. Desde la entidad criticaron que las aseguradoras insistan con una ilegalidad.
Más de 30 instancias representativas de trabajadores, usuarios y fundaciones protestaron ante el programa de concesionar la construcción y administración de varios hospitales del país. Para los dirigentes la idea no es más que la privatización de la salud pública.
Los datos que arrojó la encuesta elaborada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile muestran que más de la mitad de los conductores entrevistados ha recibido agresiones físicas; incluso uno de cada diez acusa haber sido víctima de violencia.
Aunque, los acercamientos con La Moneda todavía parecen estar lejanos en un conflicto que comienza a pasar una cuenta política sobre las autoridades involucradas.
El humedecimiento parcial en los airbags del copiloto podrían dañar al usuario, explican desde el Servicio. Aseguran que la empresa deberá cambiar gratuitamente la pieza.
Alza de un 40% en el costo de la energía eléctrica durante marzo proyecta un difícil escenario ante nueva licitación de distribuidoras que traspasarían el costo a los usuarios. Especialistas explicaron las razones e insisten en urgencia de una política nacional que permita diversificar la matriz, eliminar barreras a la producción de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y en definitiva bajar los precios.
Apenas el 28,3% de las clínicas privadas informa satisfactoriamente a los pacientes sobre los nuevos derechos contenidos en el Plan de Garantías Explícitas de Salud. En los centros asistenciales públicos, la información satisfactoria llega a 50,6%, según la fiscalización realizada por la Superintendencia de Salud.
La Asociación Chilena de Municipalidades y la organización no gubernamental Activa denunciaron nuevas cláusulas abusivas por parte de las clínicas privadas, que fuerzan a los usuarios a firmar pagarés para así brindar prestación médica de urgencia, lo que en la práctica opera como el cheque en garantía que se prohibió en 2009 para este tipo de atenciones.