El pasado jueves 16 de mayo entró en vigencia la normativa que, eventualmente, obliga a las grandes compañías a pagar dentro de un mes a sus pequeños y medianos proveedores. Sin embargo, en la publicación se dejó fuera un artículo que permitía a las Pymes defenderse en caso de abuso, demandando a la industria y grandes empresas que no cumplan con el nuevo procedimiento.
El Ejecutivo confirmó que publicará la normativa que regula la extracción del calamar tal como fue aprobada en el Congreso. La decisión provocó la satisfacción del sector artesanal y, por otro lado, el quiebre de la mesa de diálogo por parte de los trabajadores de la industria.
