El rechazo de Dominga volvió a abrir el debate. Aunque en 2010 se creó un ministerio, tribunales e instancias fiscalizadoras, no existe obligación de acoger las observaciones de la ciudadanía ante los proyectos que se instalan en diferentes zonas. Además, el Sistema de Evaluación Ambiental no tiene mucha autonomía, ya que depende verticalmente del Ejecutivo.
