Los testimonios del secuestro y violencia sexual de Patricia Herrera y Ana María Campillo fueron entregados ante la Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech). En la oportunidad, muchas víctimas decidieron no declarar la violencia sexual que sufrieron a manos de agentes del Estado y, según Corporación Humanas, este fallo abre la posibilidad a que otras mujeres entreguen sus testimonios y acudan a la justicia.
A partir del año 2011 se reactivaron las denuncias por violencia sexual ejercida por carabineros en el ejercicio de sus funciones. Pese a que no existen estadísticas oficiales respecto del número de víctimas, expertos afirman que se trataría de una práctica sistemática sustentada en el orden social y estatal imperante.
Cuatro hombres fueron declarados culpables de la violación de una estudiante india de 23 años, en diciembre del año pasado. La joven murió por causa de las múltiples heridas internas y su caso llevó a el endurecimiento de las leyes en India. Sin embargo, la violencia sexual contra mujeres sigue siendo una generalidad en el mundo: un estudio de Naciones Unidas revela que un cuarto de los hombres en Asia confiesa haber cometido al menos una violación.
Además de ser víctimas de los métodos de tortura efectuados contra todos quienes pasaron por los múltiples centros de exterminio de la dictadura, más de tres mil mujeres sufrieron violencia sexual por parte de agentes del Estado. Pese a ello, hasta el momento solo se han presentado cinco querellas criminales y los torturadores siguen refugiándose en los pactos de silencio y la impunidad. Tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos apuntan a la necesidad de visibilizar este delito, ante el peligro de que se naturalice y se repita.
Así lo concluye el XI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile desarrollado por el Movilh. Según indicaron desde la organización, los casos de discriminación disminuyeron en un 20 por ciento influido por la conmoción de la muerte de Daniel Zamudio.
