La muerte de una interna en la Cárcel de Mujeres de San Miguel provocó que la Corte Suprema ordenara a Gendarmería disponer de un médico permanente en el recinto penal, un fallo del Máximo Tribunal que reflejó la ausencia de políticas con enfoque de género y la precariedad del sistema penitenciario del país.
La Contraloría General de la República aprobó un decreto que extiende el plazo entregado por el Ejecutivo para incentivar la salida del país de extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados, mientras diversas organizaciones sociales exigen “que de una vez por todas se habilite una vía para la regularización migratoria de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de irregularidad”.
En un balance a dos años del 18-O, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reportó que de las más de ocho mil denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las manifestaciones sociales, menos del uno por ciento de ellas han concluido en condena.
