Preocupadas se mostraron las organizaciones ambientalistas por la inclusión de figuras políticas y empresariales al autodenominado  Consejo de Conservación para América Latina, promovido por la fundación estadounidense The Nature Conservancy y co presidido por el ex-secretario del Tesoro de ese país, Henry Paulson.

La entidad reclutó a 34 personajes influyentes de la región, incluidos el ex Presidente Ricardo Lagos; el líder de uno de los grupos económicos más poderosos del país, Andrónico Luksic y el dueño del Consorcio Periodístico que maneja el diario La Tercera, Álvaro Saieh, por Chile.

Una decisión que fue calificada como “irónica” por las organizaciones sociales ya que, tanto Lagos como Luksic, han estado vinculados con los conflictos ambientales más emblemáticos que se han presentado en la última década en Chile.

De hecho, el ex Mandatario no sólo tuvo que ver con la aprobación de cuestionados proyectos como Hidroaysén y Pascua Lama, sino que además durante su administración fue responsable de la privatización de los recursos marinos, de la desmantelación del Plan Descontaminador de Santiago y de la expansión urbana de la Región Metropolitana.

Por su parte, Luksic – quien es dueño empresas como Minera Los Pelambres, Banco de Chile, Shell,  Canal 13, entre otras – ha manifestado posturas a favor de la implementación de la energía nuclear; de la construcción de plantas desalinizadoras para abastecer sus emprendimientos mineros e integra el Consejo Asesor de la transnacional Barrick  Gold, titular de Pascua Lama.

Minera Los Pelambres también estuvo en el ojo del huracán en 2010 cuando un grupo de pobladores de Caimanes, en la región de Coquimbo, mantuvieron una huelga de hambre por más de 45 días para exigir el cierre del tranque de relaves El Mauro.

Según indicó el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cardenas, este reclutamiento respondería a una estrategia emanada desde Estados Unidos para generar una red de influencias que marque presencia en la reunión de Río de Janeiro que se realizará el próximo año, donde se discutirán los avances y retrocesos de la Cumbre de la Tierra realizada en Brasil en 1992 y se abordarán los alcances del Protocolo de Kyoto que ya va a vencer.

“Este consejo tiene como objetivo hacer lobby sobre los países latinoamericanos a favor de las grandes compañías transnacionales. Es por eso que The Nature Conservancy está inscribiendo a empresarios y políticos regionales para que desarrollen un trabajo de este tipo con vista a la reunión de Río. Como ellos mismos lo han dicho, este Consejo va a ser una voz que va a guiar las acciones de los gobiernos regionales”, denunció el ecologista.

Cardenas advirtió que estas maniobras también se enmarcan dentro de un nuevo paradigma que se ha denominado como la Economía Verde y que transfiere al mercado la responsabilidad de resolver los conflictos ambientales.

Según el dirigente, la acción además apuntaría a desarticular los movimientos ciudadanos que tradicionalmente se han preocupado de la protección del medio ambiente y sus comunidades.

“Esto es parte del gran empresariado y del gobierno estadounidense para poder imponer nuevos conceptos como la economía verde, pero al mismo tiempo para ir desplazando de la discusión a los movimientos sociales y a las organizaciones que luchan en contra de estos mismos personajes que impulsan proyectos en el área minera, forestal, de pesca y apicultura intensiva o en agricultura de exportación”, comentó.

En la misma línea, el director del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, cuestionó la labor de organizaciones como The Natural Conservacy por no abordar los problemas a cabalidad, promoviendo proyectos de conservación de manejo privado.

“Estas organizaciones ponen un fuerte énfasis en la subsistencia de la naturaleza, pero  no así en las otras dimensiones que tiene que preocupar a nuestra sociedad respecto de la conservación en el sentido de que esto también tiene una dimensión social y cultural. Aquí la conservación debe tener una visión integral porque la que promueven estos organismos internacionales, algunas veces, va en contra de los derechos de las comunidades locales”, sostuvo.

Los ambientalistas advirtieron que este escenario constituye un desafío aún mayor para las organizaciones sociales porque, de acuerdo a lo que plantearon, existe evidencia suficiente para demostrar que las leyes del mercado no son la respuesta para enfrentar los conflictos en esta materia.