El Comité de Ministros, integrado por los ministerios de Salud, Economía, Agricultura, Energía, Minería y, en el caso específico del proyecto Punta Alcalde,  presidido por el Subsecretario del Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, decidió apelar a la resolución que dejó sin efecto el acuerdo del pasado tres de diciembre del 2012 y que aprobaba la cuestionada central termoeléctrica de Endesa, paralizando el proyecto.

La Corte de Apelaciones había fallado de forma unánime apuntando a que el Comité había cometido una falta al incorporar elementos que no habían sido evaluados por la Comisión Regional de Atacama.
Este martes el Subsecretario afirmó que la decisión del Comité de Ministros “se ajusta a derecho”, y que “no fue ilegal ni arbitraria”, por lo que espera que la Corte Suprema revise el fallo y acoja su argumentación.

Al respecto, el abogado Álvaro Toro, representante de las comunidades que llegaron al tribunal en contra del proyecto, indicó que “con esto el Comité afirma que tiene facultades de revisar todo tipo de resoluciones de los órganos inferiores sin importar si son elementos nuevos o no. Eso transgrede nuestra legalidad y es muy grave”, evidenciando el peso de la presión empresarial.

En este sentido, el abogado representante de comunidades contrarias al proyecto explicó que “la única explicación que yo veo para esto es que aquí hay una enorme presión de parte de la industria energética, de la industria minera hacia el gobierno y el gobierno se está transformando en vez de un gobierno de toda la ciudadanía en un gobierno que está representando exclusivamente intereses de las grandes corporaciones mineras y energéticas de este país. Eso es clarísimo”.

El abogado confirmó que ellos adherirán a la apelación apoyando a la Corte de Apelaciones de Santiago y que están muy confiados en que la Corte Suprema va a acoger los fundamentos. Sin embargo, indicó que el Comité “está jugando un papel vergonzoso” al buscar retrasar una decisión que va en defensa de la ciudadanía.

Con esto coincidió Juan Carlos Labrín, de la organización S.O.S Huasco, quien afirmó que los impactos de esta central a carbón se unirían a la contaminación que ya reciben con proyectos como la central Guacolda, a la que incluso se le aprobó una quinta fase de operación o la minera de oro Barrick Gold que, con su desregulado manejo de productos tóxicos, pone en riesgo sus vidas.

Por esto, el dirigente ciudadano indicó que “lamentablemente este gobierno y el mundo empresarial en general, tanto el mega minero como el energético no entiende. Aquí en Huasco como hemos visto, como lo decreta la declaración de y como lo dan a conocer las estadísticas del ministerio de Salud, los problemas de cáncer, de diabetes e hipertensión superan la norma regional y la norma país. En ese sentido, los criterios éticos profundos nos parece que este gobierno y Endesa están cometiendo un grave error”.

El ambientalista indicó que con anuncios como este el Gobierno compromete recursos humanos y monetarios, cuando en la zona se extrañan medidas anunciadas y que han tenido un escaso avance como ampliar el plan de prevención y descontaminación o invertir en  esfuerzos para mejorar el monitoreo a la salud de los habitantes de la región de Atacama.