Este martes se desarrolló la segunda jornada de juicio oral al machi Celestino Córdova, el único imputado por la muerte del matrimonio Lucksinger Mackay, quienes fallecieron al interior de su domicilio incendiado durante la madrugada del 4 de enero de 2013.

El Ministerio Público presentó cinco testimonios entre testigos y peritos en un proceso de presentación de pruebas que se extendería por tres semanas. Sin embargo, no quiso detallar cuál será el orden de la entrega de las pruebas.

El abogado defensor Pablo Ortega lamentó está decisión y se refirió a los breves plazos que tuvieron como abogados privados para preparar la defensa. También indicó que el aceleramiento generó que el propio Ministerio no tuviera tiempo para preparar bien las pruebas.

El abogado desestimó las pruebas que presentó el Ministerio Público que “está señalando que él irrumpió en la casa, le echó combustible y la incendió. Nosotros decimos que ninguna prueba lo sitúa en el sitio del suceso, sino a 2.400 metros por el camino o 1.780 en línea recta hipotética, por lo tanto, son aproximadamente 20 cuadras de distancia. En ese sentido creemos que ningún ciudadano puede temer que lo condenen por hechos acontecidos a 20 cuadras del lugar en que se encuentra”.

Otra de las polémicas que rodea este caso es la negativa de Gendarmería de permitir que el machi realizara sus ceremonias tradicionales al interior del centro penal, lo que viola el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT), pero no sólo eso; iría contra principios aún más simples, según indicó el abogado.

“Es un tema de la libertad de culto, es una persona que tiene creencias religiosas y deben ser respetadas. No tiene que ver con que sea culpable o inocente, esté preso o no, es un tema que todo ciudadano tiene derecho a ejercer su religión, sus convicciones internas, en la medida que no afecte a terceros. Sorprende que Gendarmería al inicio del juicio no haya permitido el desarrollo de las actividades religiosas de nuestro representado”, señaló.

Vale añadir que la jornada del lunes los comuneros que llegaron al Tribunal de Temuco intentaron realizar una rogativa y tampoco se les permitió. Además, hubo fuertes enfrentamientos con Carabineros, los que terminaron con casi una veintena de detenidos, entre ellos algunos menores de edad.

La fiscalía está pidiendo para el machi cadena perpetua efectiva por el atentado a los agricultores y 36 años por su presunta responsabilidad en el asalto y posterior incendio de una vivienda en el Fundo Santa Isabel, comuna de Vilcún, ocurrido el 22 de diciembre de 2012.