Este miércoles 9 de abril, por primera vez, la justicia laboral condenó a la empresa Pizarreño por manejo negligente de partículas contaminantes de asbesto, argumentando que ésta no aplicó medidas paliativas aun sabiendo de los peligros mortales del mineral.

El 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago castigó a la empresa a indemnizar con 55 millones de pesos a su ex trabajador, Raúl Olivares, quien hoy padece Mesotelioma Pleural, cáncer terminal que se genera por la inhalación de asbesto.

Adrián Prieto, vocero de Unidos Contra el Asbesto, organización que promueve la protección de las familias afectadas, se mostró contento por esta resolución, ya que demuestra que Pizarreño incumplió sistemáticamente la normativa.

“Es público y notorio que Pizarreño, tanto en Maipú como en San Pedro de la Paz, contaminó a sus trabajadores, los enfermó y los mató con estas enfermedades. No solo a sus trabajadores, sino también a sus vecinos. En el fallo quedó demostrado que Pizarreño no tomó las medidas necesarias y superó los límites que la ley imponía para contaminantes como el asbesto en muchos momentos”, dijo.

Según el activista, hay al menos 50 causas en los tribunales civiles, algunas de más de diez años y otras ingresadas en el último tiempo,. Sin embargo, éstas aumentarán y se calcula que podrían aparecer afectados hasta 2050.

Esta sentencia se suma a la condena civil que resolviera la Corte de Apelaciones de Santiago que obligó a la empresa a pagar 350 millones de pesos a los familiares de Manuel Elgueta, quien murió de un cáncer pulmonar luego de vivir por 20 años junto a la planta Maipú.

Prieto informó que la empresa aún puede interponer un recurso antes del jueves de la próxima semana y que, tal como ha sido su política, no se han acercado a la familia a ofrecer ningún tipo de ayuda: “Siguen defendiéndose y diciendo que las personas se han enfermado por su propia responsabilidad, debido a que ellos sacaban asbesto de la fábrica e incluso robaban, según han dicho en otras causas. Todos saben que ellos regalaban este mineral, lo almacenaban a la intemperie y no protegían a la comunidad aledaña ni a sus trabajadores”, afirmó.

En la misma línea, Tania Muñoz, una de las investigadoras que dio vida al libro “Fibras Grises de Muerte”, que analiza el impacto del asbesto en las comunidades, señaló que la empresa no se ha hecho cargo de su responsabilidad y que parte de su política es “meter el menor ruido posible”.

“No hay ninguna acción o discurso sobre querer ayudar o propuesta, por ejemplo, para un fondo de cooperación o algo así. Simplemente se han hecho a un lado y han estado calladitos esperando los juicios”, dijo.
La antropóloga añadió que Pizarreño es una empresa que siempre ha estado ligada a las cúpulas de poder del país: “Es una empresa bien poderosa. En la dictadura hubo personajes que fueron de la directiva y apoyaron el gobierno de Pinochet. El grupo Matte fue parte de la directiva en algún momento y grandes personajes de la historia económica y política de este país han tenido sus manos ahí”, destacó.

La antropóloga apuntó que la empresa empezó a trabajar con asbesto en 1935 y que las primeras víctimas datan de 1960. Recién en el año 2000 se prohibió su uso en Chile, por lo que aún no se conoce la total dimensión de sus efectos.