La Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales (UDP) en conjunto con organizaciones sociales presentaron una solicitud de invalidación del Nuevo Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (NRSEIA), esto porque deja fuera de evaluación a los proyectos inmobiliarios emplazados en las zonas más contaminadas del país.

En este sentido, la abogada de la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP, Natalia Alfieri, explicó que la medida presentada ante el ministerio de Medioambiente se aplica esencialmente a zonas latentes que cuentan con planes de prevención y descontaminación vigente, y además con el instrumento de planificación territorial aprobado ambientalmente.

El problema que señala Alfieri es que la excepción incorporada no estaba en la propuesta inicial de la NRSEIA, la que según los reclamantes, fue añadida en último momento.

Por esto, Natalia Alfieri explicó que: “Esta excepción se ingresó al NRSEIA a último minuto, justo antes de la toma de razón de la Contraloría General de la República, por lo tanto, la excepción no pudo ser objeto de observaciones ciudadanas, ni tampoco fue aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, además, nosotros pedimos a través de distintas solicitudes de acceso de información pública todos los documentos y los fundamentos de esta exención sin obtener ningún resultado positivo, es decir, la exención no tiene explicación, no tiene ningún fundamento”.

La abogada afirmó que este decreto lo que hace es dejar en indefensión a la ciudadanía porque todos los proyectos inmobiliarios que se emplacen en las zonas más contaminadas del país quedan sin ser evaluadas ambientalmente.

Por ejemplo, si es que se pretende construir un mall en Santiago -que antes requería ser evaluado ambientalmente-, ahora no es necesaria esa evaluación, lo que según la abogada genera una situación absurda porque en la capital existe un Plan de Prevención y Descontaminación que exige a los proyectos inmobiliarios compensar emisiones cuando estén en zonas saturadas. Sin embargo, como ahora no tienen la obligación de ingresar al SEIA no se sabe cómo va a funcionar la mitigación de emisiones.

La también académica mencionó el Bosque del Panul, como un ejemplo, ya que, está siendo amenazado por un proyecto habitacional que se pretende construir hace más de cuatro años, pese a que el proyecto fue rechazado dos veces en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,  ahora podría ser aprobado porque no se requiere el ingreso en el sistema de evaluación.

En tanto, el presidente de la organización civil Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, aseveró que este decreto es un “ardid legal” aprobado bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

“Es ilegal porque colisiona con el mandato a la ley 19.300, a través de un simple reglamento, se le está solicitando al nuevo ministro que se deje sin efecto ese ardid concebido por funcionarios pro inmobiliarios”, indicó

Instalación de Centros Comerciales

En otro tema, la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja revisó el proyecto que modifica ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de regular la instalación de grandes centros comerciales y supermercados en áreas urbanas, así lo explicó el miembro de la comisión, diputado Pedro Browne (Amplitud).

“El espíritu del proyecto está bastante bien inspirado porque busca evitar que dentro de barrios residenciales se instalen estos grandes centros comerciales que muchas veces tienen impactos, más allá de la comodidad de poder comprar en un lugar donde hay de todo, provocan en la ciudad impactos que son gigantescos urbanísticos, al entorno y principalmente en el tránsito vehicular que muchas veces los propios centros comerciales no lo resuelven, por lo tanto, lo que se busca es conservar el espíritu de barrio”, indicó el parlamentario.

Sin embargo, el parlamentario advirtió que ya existen grandes centros comerciales dentro de la ciudad y, al evitar que se construyan otros, se generaría una condición excepcional para los mall que ya están instalados, ya que, tendrían por este solo hecho una posición de privilegio pues no tendrían competencia en otra zona de la ciudad.

Browne planteó que se debe avanzar en una planificación de la ciudad más general y por eso se vuelve a abordar el tema del Alcalde Mayor para las grandes urbes del país y no simplemente que cada municipio pueda establecer lo que estime conveniente en sus planes reguladores, sino que haya un ordenamiento real en los planes reguladores metropolitanos con los cuales se establezcan condiciones urbanísticas generales para la ciudad.