En medio de la polémica suscitada entre el senador Ignacio Walker y el economista y asesor presidencial, Eduardo Engel, la Comisión Constitución de la cámara baja, aprobó una serie de observaciones al proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización.

En su última sesión que contó con la presencia del ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, los diputados aprobaron por nueve votos contra dos, un listado de inhabilidades que restringen la militancia. En este sentido, no podrán afiliarse a partido político alguno el personal de las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública, del Tribunal Calificador de Elecciones y del Servicio Electoral. Tampoco los jueces y secretarios de los Tribunales de Justicia; los ministros, relatores, secretarios y fiscales de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, los fiscales del Ministerio Público, el Defensor Nacional y el Contralor General de la República entre otras autoridades.

Nicolás Eyzaguirre, afirmó que resulta fundamental entender la militancia como un derecho y ser lo menos restrictivo posible en esta materia. Pese a eso, advirtió: “Nos parece que todos los que en función del monopolio del uso de la fuerza, porten armas a nombre de la sociedad y aquellos que deben, de alguna forma, fiscalizar la política, incluyendo al Contralor, a los funcionarios superiores de los Tribunales y el Ministerio Público correspondería la incompatibilidad”.

Estatuto de afiliación

El proyecto de ley contempla un estatuto de afiliados, que consagra, entre otras cosas, el derecho de las personas a la afiliación a un partido político al que tenga afinidad y garantiza que el rechazo a su inclusión o su expulsión, no sea ilegal o arbitraria.

En este sentido, el diputado René Saffirio afirmó: “Yo conozco un partido en que se tejen ciertos mitos, y lo voy a plantear como un mito: hay una bodega donde llegan las fichas de las personas que desean ser militantes, entonces dependiendo de quién sea el presidente y del lote que este liderando el partido ingresan o no ingresan a tramitación esas fichas. Es un partido que no voy a nombrar en el cual he militado durante 45 años”

Además señaló que el objetivo de esta regulación es abolir una serie de malas prácticas que se han perpetuado en el tiempo: “Yo entiendo que lo que estamos tratando de hacer es que os partidos dejen de ser cofradías cerradas”

La norma en esta materia que fue aprobada por unanimidad, obliga a los partidos políticos a fundamentar el rechazo a las solicitudes de afiliación y entrega al recurrente la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo del órgano.

Competencias de tribunales

Otro aspecto relevante se suscitó a propósito de la intervención de los tribunales en materias políticas relacionadas con las decisiones internas con los partidos. En este punto, el diputado de Renovación Nacional, Cristian Monckeberg manifestó: “Los partidos políticos tienen que tener cierto grado de autonomía respecto a su funcionamiento y esta bien que eso sea fiscalizado desde el punto de vista administrativo y de los recursos, pero que los tribunales me digan lo que tengo que hacer o no hacer, que sea el poder judicial quien resuelva sobre el destino de los partidos y sus decisiones no me parece adecuado”.

Este asunto se resolvió otorgando a los Tribunales, sólo competencias en relación a procesos electorales externos. Para asuntos políticos, estará el Tribunal Supremo y la posibilidad, ya existente, de recurrir a las cortes de apelaciones a través del recurso de protección.

Finalmente, fue aprobado de manera unánime la modificación que obliga a los partidos políticos a establecer mecanismos de participación e integración de jóvenes menores de 18 y mayores de 14 años.