El abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, sostuvo que “estos no son hechos aislados sino que es una política institucional” respecto de los últimos casos de denuncias de torturas por parte de la policía uniformada a estudiantes.

Al respecto Román sostuvo que “hemos recibido cerca de una decena de denuncias y esperamos que el Ministerio Público investigue porque en un estado de derecho no es aceptable que las policías actúen de esa manera”.

Para el abogado esto no se trata de resabios de la dictadura sino que “es una política institucional que se ha repetido durante los últimos 25 años” y agrega que “podemos apreciar diariamente la brutalidad de la policía, tanto en la calle como al interior de los cuarteles policiales”.

Respecto de la reciente reiteración de denuncias de este tipo, el abogado sostuvo que coincide con la llegada al ministerio del Interior de Jorge Burgos “en un estado democrático social de derecho, las policías no se mandan solas, son organismo obedientes no deliberantes según la Constitución. Aquello significa que quien dispone de la Fuerza Pública, en este caso el ministerio del Interior, ahí está la responsabilidad por la brutalidad que ha empleado la policía en el último tiempo”.

Román se refirió a la formación de las policías y sostuvo que “actúan cada vez más como guardianes de los derechos de los poderosos. Tenemos los ejemplos de Magallanes, de Aysén, Freirina, esto corresponde a una política institucional avalada por el poder político”.

En ese sentido desestimó el argumento que esgrimen algunos respecto de la incapacidad del gobierno para modificar los aspectos formativos de las instituciones uniformadas “es normal escuchar esos cantos de sirena respecto de que no hay atribuciones, que están atados de manos, bueno, han pasado 25 años desde el retorno a esta supuesta democracia y las cosas siguen igual”.

A juicio del abogado “se agudiza un marco represivo y eso es responsabilidad de quienes gobiernan” y añade que “hemos observado que se ha vuelto una rutina desnudar a los chicos, obligarlos a hacer ejercicios y otro tipo de prácticas”.

Román se refirió también a los alcances que puede tener la Agenda Antidelincuencia “hay un tema oculto acá y es que dota con facultades increíbles a las policías para actuar, algunas de ellas por sobre la ley, y lo que se busca es consolidar un Estado policial, donde las fuerzas de orden puedan operar sin control”.

El abogado finalizó reiterando que “todo esto es responsabilidad de quienes conducen Chile, en este caso, no solamente este gobierno sino que las dos derechas que han manejado el país durante los últimos 25 años.