Al menos 52 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en Chile.

Así lo revela el informe Trata de niños/as y adolescentes: Una realidad oculta elaborado por la ONG Raíces y publicado en noviembre de 2007, documento que detalla que el 94 por ciento de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son niñas o adolescentes y que su promedio de edad es de 16 años.

La trata de personas se entiende como la captación, trasporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. A nivel mundial, un 80 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y niños, en su mayoría para fines de explotación sexual. Un factor importante para explicar aquel porcentaje de victimas ha sido la feminización de la migración, lo cual expone a muchísimas mujeres a ser captadas por redes de trata al encontrarse en condiciones de especial vulnerabilidad.

“Al provenir de sociedades discriminatorias donde el hombre ocupa un lugar superior y el rol de la mujer se encuentra limitado a labores tales como ser jefa de hogar, ocurre el fenómeno de la feminización de la pobreza, lo cual lleva a la feminización de la migración, donde estas mujeres vulnerables deben buscar mejores oportunidades en otros países. La construcción de una sociedad con instituciones patriarcales y discriminatorias hacia la mujer va a tender a situar a ésta en una posición de subordinación con respecto al hombre. Esto implica que se pueda justificar a nivel moral la necesidad “física” del hombre de obtener sexo, en una relación de dominación física, monetaria e incluso violenta, sin importar los derechos o necesidades de la mujer”, explica la investigadora Daniela Bonacic en su Informe sobre la Trata de Personas en Chile.

La ley 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, fue aprobada el año 2011 y contempla en su definición tanto la trata transnacional como la trata dentro de nuestro país. Este punto es muy importante en el caso de los niños, niñas y adolescentes, ya que un 74 por ciento de los casos detectados por ONG Raíces era de trata interna.

Falta de estadísticas

El estudio publicado por Raíces hace casi nueve años es el único que entrega cifras sobre esta violación a los derechos humanos y, particularmente, a los derechos de la infancia en Chile: no existen estadísticas que den cuenta de la magnitud real y actual del problema, lo que sólo contribuye a una mayor desprotección de la población vulnerable.

“Lamentablemente no sabemos lo que está pasando hoy día, estamos en el 2016 y la última investigación es de 2007. En este país hay estadísticas de ningún tipo, hay muy pocos registros de situación”, afirma Denisse Araya, directora de ONG Raíces.

El más reciente informe de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer lamenta que el Estado de Chile carezca de estadísticas desglosadas por sexo y datos cualitativos sobre la situación de la mujer en una serie de ámbitos abarcados por la Convención, en particular en lo que se refiere a las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos.

“Si bien observa con satisfacción las iniciativas legislativas e institucionales del Estado parte para luchar contra la trata de mujeres y niñas, el Comité manifiesta profunda preocupación porque, al parecer, no se adoptan medidas preventivas para atajar las causas de fondo de la trata ni existen mecanismos de identificación de las víctimas que faciliten la aplicación de la nueva legislación y la rehabilitación, la protección y el ofrecimiento de lugares de acogida temporal de las mujeres y niñas víctimas de la trata. Además, preocupa al Comité la insuficiente información sobre el alcance de la trata de mujeres y niñas, en particular la trata interna de zonas rurales a urbanas, y la falta de información sobre el fenómeno de la explotación de la prostitución”.

A los 52 niños víctimas de trata detectados hace nueve años en tan sólo tres regiones del país, se suman otros 25 casos que fueron mencionados como víctimas de trata, pero no fueron incluidos debido a la imprecisión de las edades y/o a la ambigüedad en la información aportada por el entrevistado.

Técnicas de captación

Los niños, niñas y adolescentes identificados en el estudio provienen de familias pobres que, además de la precariedad económica, deben enfrentar la exclusión y la marginalidad, lo que los expone al desamparo ante vivencias de violencia extrema como la trata de personas: “ellos han sufrido abandono, negligencia, desprotección y desamparo que se relaciona con imposibilidad de obtener ayuda de quienes deberían otorgarla -familia, estado, comunidad-, dejándoles expuestos a los explotadores que se aprovechan de su situación de indefensión, más aún, cuando las múltiples vivencias de desamor les han enseñado a aceptar el maltrato, percibiéndose como merecedores de los que les sucede”.

En ese sentido, Denisse Araya explica que para captar a niñas y adolescentes en redes de explotación sexual, los tratantes prescinden de la violencia física y recurren, en cambio, a la seducción emocional.

“No fueron amarradas ni golpeadas para meterlas dentro del grupo. Fueron seducidas emocionalmente: están tan abandonadas, son niñas tan marginales, nadie se ha preocupado nunca de ellas. Entonces viene el tratante y las conquista con seducción, prometiéndoles la tierra y la otra tierra. Lo que viene después es la explotación cotidiana y es lo único que tienen, porque además ese explotador las lleva al médico, se ocupa de ellas, lo que muchos antes no hicieron”.

“El tema central aquí es que nadie ha hecho una investigación seria, de Arica a Punta Arenas, sobre lo que pasa con la situación de niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de explotación o de trata de niños, porque para hacer una indagación como la que nosotros hicimos el 2007 te tienes que meter en un submundo. Nadie va a ir a poner una presunta desgracia por una niña que ha sido tomada en una red de trata. Nadie. Son las niñas más marginales de las marginales”, agrega.

Protección integral de la infancia

Para la directora de Raíces, el hecho de no contar con una Ley de Protección Integral de la Infancia y de continuar rigiéndonos por una Ley de Extranjería heredada de la dictadura son dos factores que contribuyen a que los niños, niñas y adolescentes sigan siendo capturados por redes de explotación sexual.

“La cuestión con la infancia va mucho más allá del Sename, se trata de una Ley de Protección Integral de la Infancia que el país le debe a los niños, niñas y adolescentes. Se la debe. Estamos con una ley de los años 60, todavía se habla de una ley de menores, concepto que está erradicado en todo el mundo entero. Creo que somos el único país en toda América Latina que no tiene una Ley de Protección Integral de la Infancia. El cuento es mucho más amplio que eliminar al Sename o dividirlo, porque ahora lo que se está proponiendo son puros parches, parches para seguir parchando”.

La diputada Karol Cariola es una de las impulsoras de la creación de una Comisión permanente de la infancia en el Congreso. A su juicio, el Estado de Chile debe asegurar el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cumpliendo así con tratados internacionales en la materia.

“Hasta ahora, por más que se piense que el Estado se hace cargo de los niños que están en situación de vulnerabilidad, de abandono, la verdad es que eso no es así. Hoy día nos estamos haciendo cargo económicamente, pero no en el desarrollo integral de lo que significa responder por el cuidado integral de nuestros niños y que, en el fondo, se trata simplemente de cumplir con tratados internacionales a los que hemos suscrito como país respecto de la protección y el cuidado de la infancia, de los niños y de su bienestar”.

El informe 2015 del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de Niños y Niñas recomienda al Estado de Chile que, mediante disposiciones y normas jurídicas oportunas, asegure que todos los niños víctimas o testigos de abuso, violencia doméstica, explotación sexual y económica, secuestro o trata, reciban la protección exigida por la Convención, teniendo en cuenta las directrices de Naciones Unidas anexas a la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social.