“El racismo yo lo he recibido cuando hacía otros trabajos, nunca éste. Me han querido sacar muchísimas veces del Metro, siempre gente mayor, de edad avanzada. Me dicen ‘negra culiá, vete a tu país conchetumadre’. A veces me dicen las cosas y me quedo callada, pero a veces les contesto. En esos casos, solo les digo que vine a este país, que pago mis impuestos y ya”.

Camila (45) es trabajadora sexual hace cinco años, cuando llegó a Chile desde República Dominicana. Tiene tres hijos y dice que sólo su hija mayor sabe a lo que se dedica, pero que nunca lo han hablado abiertamente. Es la única, de 17 trabajadoras sexuales inmigrantes consultadas, que accede a dar su testimonio para este reportaje.

“Hay gente que trabaja en esto por necesidad, por gusto y por otras cosas. Yo en Chile lo único que no he hecho es robar. He trabajado en restaurantes, en hoteles, cuidando adultos mayores, he hecho muchos tipos de trabajos y este es el que más me ha durado. Yo me pongo mi horario, decido mi salario, y no tengo que esperar un mes para cobrar 200 mil pesos, ni 15 días para cobrar 100. Trabajo en esto porque es dinero rápido, pero quiero decir que no es nada fácil como la gente piensa”, señala.

Las cifras mienten, la ley no existe

Según el registro de Carnet Sanitario otorgado por el ministerio de Salud existen cerca de seis mil trabajadoras sexuales en Chile. Pese a la cifra oficial, se estima que ese número representa poco menos de un tercio del total de trabajadoras, tanto chilenas como extranjeras. Poco y nada se dice sobre ellas en nuestra legislación y son discriminadas y excluidas sistemáticamente por todas las estructuras tradicionales del poder.

El estatuto jurídico del comercio sexual varía según el modelo ideológico que la legislación tenga como rector. El punto de inflexión estaría determinado por la forma en que se entiende a la trabajadora sexual. En el caso de los sistemas prohibicionistas, se la ve como una delincuente; en el sistema de laboralización, se la tiene como una trabajadora más; y en el caso abolicionista, se entiende como víctima de esclavitud y violencia de género.

En nuestro país no existe una regulación sistemática del trabajo sexual, es decir, no existe ninguna disposición legal que prohíba directa o indirectamente la actividad, realizada de manera voluntaria por personas adultas. Lo anterior excluye, por cierto, el proxenetismo, la trata de personas y la prostitución infantil, elementos que configuran delitos tanto en Chile como en la mayoría de los países del mundo.

Casi la única mención explícita que se hace en nuestro ordenamiento sobre el tema está referida bajo los términos de “comercio sexual” y consignada en los artículos 39 y 41 del Código Sanitario. La última norma impide la constitución y el funcionamiento de burdeles y casas de tolerancia.

Nancy Gutiérrez es parte del directorio local de la RedTraSex Latinoamericana, organización que agrupa a trabajadoras sexuales de todo el continente y miembro de Fundación Margen, la única dedicada exclusivamente al apoyo de trabajadoras sexuales. Según ella, “aquí no somos visibilizadas, el Estado no nos quiere ver. ¡Se hacen los ciegos!”

“Nosotras exigimos que se regularice el trabajo sexual: que podamos imponer como trabajadoras sexuales, que podamos tener Isapre. Al no estar nuestro rubro reconocido, no podemos optar a tener cosas como una salud integral, imposiciones, postular a un subsidio habitacional, etc. Para todo hay que tener renta, incluso cuando uno va a sacar cosas a crédito en un centro comercial”, dice.

Apoyo y caracterización

Construida sobre lo que fuera la agrupación Ángela Lina hace más de 17 años, la Fundación Margen realiza actividades de apoyo y contención a trabajadoras del comercio sexual. Están enfocadas en la prevención en el área de la salud y actualmente luchando por la legalización del oficio y el acceso a beneficios sociales. Hacen entrega de material, preservativos, folletos con información en prevención y acompañamiento al centro de salud sexual.

Fundación Margen y Fundación Savia realizaron un estudio sobre el comercio sexual y la valoración de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención del VIH y SIDA. El documento preliminar, realizado entre noviembre y diciembre de 2013, se construyó sobre encuestas realizadas a 92 mujeres que ejercen el comercio sexual en distintos sectores de la comuna de Santiago, incluyendo el sector de calle San Antonio, los cafés ubicados en la zona de Diagonal Cervantes, el sector de 10 de Julio y la calle Emiliano Figueroa.

Los resultados dan cuenta de algunas características relevantes sobre cómo son las trabajadoras sexuales, arrojando datos como que el 40,2 por ciento de las encuestadas tiene entre 20 y 30 años; que el 49,3 por ciento es migrante, siendo la mayoría peruanas (13,7), colombianas (10,3) y dominicanas (10,1); y que el 89,6 por ciento tiene al menos un hijo.

Salud/Sanidad

En Chile funciona la Unidad de Atención y Control de Salud Sexual (Unacess). A través de diferentes oficinas a nivel nacional, el organismo es el encargado, entre otras funciones, de realizar controles ginecológicos a las trabajadoras sexuales, enfocados en la detección de enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Cuando las mujeres asisten a controlarse se les hace entrega de una tarjeta de control de salud sexual, conocida erróneamente como “carné de sanidad”, debido a que el documento incluye un timbre que dice “control sanitario”.

Contrario a lo que se piensa, el carné no asegura que la trabajadora sexual se encuentra sana, libre de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. El resultado de los exámenes y los controles constituyen información estrictamente confidencial por mandato del artículo 4 de la ley 19.779. En este sentido, portar el carné de control de salud sexual solo asegura que la trabajadora asiste a controles en alguna de las oficinas de Unacess.

Nancy Gutiérrez señala que estas instancias resultan insuficientes: “Queremos salud integral, que no solamente nos revisen la vagina. Sería ideal que todas las trabajadoras sexuales pudieran tener chequeos médicos generales. Hay muchas compañeras que van al consultorio y no dicen que son trabajadoras sexuales para no ser discriminadas, entonces la atención es incompleta”.

Además, Nancy relata que muchas veces recurren a la Fundación mujeres pidiendo que las acompañen a los controles, pues cuando van solas son discriminadas y apuntadas con el dedo.

Legalización

Debido, entre otras cosas, a la idea de ilegalidad que ronda el trabajo sexual y a lo difícil que resulta abordar el tema con las propias trabajadoras, en Chile casi no existen estudios universitarios, investigaciones o expertos doctrinales sobre el tema.

Patricia Canales Nettle, investigadora de la Biblioteca del Congreso Nacional, elaboró un informe titulado “La regulación de la prostitución en la legislación comparada”. El estudio del año 2005 recomienda, entre otras cosas: “Aceptar que en muchos casos la decisión de ejercer esta actividad es voluntaria, implica, al menos, contar con las opiniones de las propias mujeres que practican la prostitución: considerarlas como sujeto y no como objeto, reconocerles un status legal y social aceptable, reconocer un marco de derechos y garantías, despenalizar la prostitución, etc”.

Lo anterior resultaría interesante al momento de intentar proyectar la forma en que debe abordarse el tema en nuestro país. Por su parte, la investigadora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Lin Lean Lim publicó en 1998 un libro titulado El sector del sexo: Las bases económicas y sociales de la prostitución en el Sudeste asiático (The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia). La publicación, citada por la misma OIT, señala que “las medidas dirigidas al sector del sexo tienen que considerar la problemática moral, religiosa, sanitaria, de Derechos Humanos y criminal, pero teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno de naturaleza predominantemente económica”. Pese a este reconocimiento, la autora se apuró en explicar que esta posición no implica una postura definitiva respecto a la legalización del trabajo sexual en los diferentes países.

De la esclavitud al trabajo libre

En Suecia la prostitución está prohibida por ser considerada como esclavitud y violencia de género. Nancy opina que durante muchos años las trabajadoras sexuales han sido vistas como víctimas, pero que en la mayoría de los casos eso no es real: “A nosotras siempre nos han dicho que somos las pobrecitas, que somos utilizadas, que abusan de nosotros, que somos víctimas y la verdad es que no creo que sea así. Somos harto grandecitas para saber lo que hacemos, lo que queremos. Es cierto que hay gente que es abusiva, pero como en todos lados no más. La gente tiene la idea de que el cliente me paga y hace lo que quiere conmigo, que la pone a uno de cabeza, de lado, de todos lados, porque están pagando, pero no es así. El trabajo sexual no se trata de eso. Ellos pagan un servicio y nada más. Es la trabajadora la que se impone”.

Camila está de acuerdo con lo anterior y apunta: “Cuando algo me llama la atención, o cuando tengo un mal presentimiento, yo digo no. El que trabaja en esto no puede trabajar de carita, no puedes trabajar con el cliente que a ti te guste. Tienes que escoger el sucio, el manco, el feo, el roto, el de todo el mundo, esa es la vaina. Y ese es el problema, por eso te digo que no es un trabajo fácil, uno se gana ¡ la plata rápido, pero no es fácil. Hay mucha gente que tú los ves por encima, bien vestiditos, limpiecitos, y cuando se sacan la ropa ya sabes donde estás, en una vaina. Entonces hay clientes que a los que tú misma les ienes que decir ‘tome usted su plata, ni aunque me de lo que me dé, yo no lo atiendo’”.

“Te dejo ir si me dai la pasá”

Fundación Margen ha denunciado a través de foros, conversatorios y entrevistas que en múltiples oportunidades han tenido problemas con Carabineros: “Nos requisan los materiales, porque supuestamente nosotros incitamos al comercio sexual, llevándole los condones a las compañeras. Ellos no entienden que estamos haciendo prevención por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”.

En el estudio publicado por Fundaciones Salvia y Margen puede leerse el resultado de una serie de conversatorios con diferentes trabajadoras sexuales, tanto chilenas como inmigrantes. Sobre el abuso de poder policial, es posible leer frases como las siguientes: “Te quitan los documentos por estar parada en la calle sin saber lo que tú estás haciendo. Te miran tú carné y te lo quitan los de la PDI, y te ponen a firmar a veces hasta dos veces al día”; “Ellos dicen que lo que uno hace es ilegal, y si no firmas te deportan”; “Si el tipo está con el genio atravesado te la pone en chino y si no te trata bien”; “A mí me llevó un PDI por San Antonio y me decía camina adelante, camina adelante no mires para ningún lado. Me decía cuánto me vas a cobrar… después de tirar me dice y ponle cuidado que hay operativo el miércoles”.

Un trabajo como cualquier otro

“El trabajo sexual es un trabajo igual que cualquier otro. A donde quiera que usted vaya a trabajar tiene que aguantar cosas. Inclusive en las casas, trabajando como nana, usted aguanta más cosas, más humillaciones, porque hasta los dueños de casa te violan y tú tienes que vivir obligado. A mí no me ha tocado eso, pero lo he visto y ahí sí que está la violencia”, señala Camila.

Para Nancy Gutiérrez, el trabajo sexual no reviste ninguna diferencia con cualquier otro tipo de trabajo. Por lo mismo, sus trabajadoras tienen legítimo derecho a las mismas prestaciones que el resto de las trabajadoras: “Tenemos derecho de ir a un buen médico, de que se nos considere como personas integrales, de imponer para tener una jubilación digna, de postular a subsidios para tener nuestras casas propias, lo mismo que cualquier trabajadora querría”.

Camila habla convencida, como si se tratara de una militancia, de un compromiso radical con una verdad llena de justicia: “Nosotras deberíamos tener el derecho a que no se nos discrimine, a que no se nos señale, a que no te miren por encima del hombro porque tú eres trabajadora sexual. Somos mujeres como todas: con hijos, con familia, con responsabilidades. Trabajamos en esto, que es difícil y merecemos la misma dignidad que las demás”, concluye.