Dos horas antes del inicio del partido entre Chile y Venezuela, la Corte Suprema informó que, en un fallo dividido, falló a favor del cierre definitivo de la investigación en torno al senador DC Patricio Walker. La noticia pasó inadvertida en medio del fervor por la presentación de la selección chilena.

La causa iniciada en Coyhaique buscaba determinar la responsabilidad del senador en el financiamiento irregular de la campaña del diputado DC Iván Fuentes, y en el favorecimiento irregular de proyectos para las pesqueras industriales de la región, agrupados en la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes). La fiscalía lo acusaba de cohecho y delitos tributarios en el caso conocido como “Fipes”.

En enero la Corte de Apelaciones de Coyhaique ya había decretado el sobreseimiento de Walker, pese a que no se pudieron investigar los correos electrónicos del DC, tal como lo había solicitado el fiscal de esa región Pedro Salgado. El político argumentó que alguien se había metido en su computador y había borrado todos sus emails.

En Santiago los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas, miembros de la Segunda Sala del máximo tribunal, confirmaron la decisión y rechazaron los recursos de queja presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones.

La información sobre el fallo de la Corte Suprema fue adelantada el 7 de marzo por Diario Universidad de Chile. En ese momento, este medio informó que con la decisión, el demócrata cristiano podría presentarse a la elección de noviembre sin tener un impedimento legal para su reelección.

Sin embargo, la situación particular de este legislador –que es uno de los tres hermanos Walker en el Congreso, junto a Ignacio (senador) y Matías (diputado)- es sólo la punta de un gran iceberg. La decisión de la Corte Suprema, que cierra definitivamente esta investigación, entreabre la puerta para que otros políticos imputados por los mismos delitos sean sobreseídos, lo que podría lapidar a futuro las investigaciones en torno a la relación entre políticos e intereses empresariales. En otras palabras, la Corte Suprema le pegó un portazo al Ministerio Público.

El tribunal supremo dejó entrever esta posibilidad en su fallo. En el habitual lenguaje legalista difícil de entender para el común de los ciudadanos, los jueces aseguran que “no se acreditó por los quejosos alguna falta o abuso grave en la actuación de los jueces recurridos, sino sólo discrepancias con lo resuelto, habida consideración, además, que los hechos propuestos en las querellas no dicen relación con los que constituyen el tipo de cohecho, porque en ellas no se sostiene la existencia de la acción o contraprestación ilícita que requiere; por lo que, al no haber mérito para ello, los arbitrios deberán ser desestimados”.

Los temores apuntan, por ejemplo, a cuál será la reacción de la derecha al conocer este dictamen. La UDI, el partido más investigado durante los últimos dos años, y presidido por Jacqueline van Rysselberghe, que a su vez está cuestionada por su cercana relación con los empresarios pesqueros del Bío Bío, podría ser el primer grupo en exigir el mismo trato para los suyos.

Causas como las de Laurence Golborne, Pablo Longueira, Ernesto Silva, Jovino Novoa, entre otros, podrían tener el mismo final, enterrando el trabajo que durante tres años ha llevado adelante el Ministerio Público para poder investigar y acusar a los políticos que han beneficiado abiertamente a las empresas a cambio de recibir su financiamiento para sus campañas políticas.

La jugada de la Corte Suprema en el caso Fipes no solo apuntaría a ayudar a los políticos y empresarios involucrados en los escándalos recientes. Según personas interiorizadas de la política interna en el Poder Judicial, este fallo también tiene en la mira otros objetivos. Estas fuentes aseguran que el ministro de la Suprema, Haroldo Brito, habría logrado conseguir los tres votos a favor de absolver al senador Walker, a cambio de obtener el apoyo oficialista para que Lya Cabello se convierta en la próxima fiscal de la Corte Suprema. Cabe recordar que Cabello es la pareja del ministro Brito.

Como sea, este fallo de la Suprema, anunciado en un momento en que la ciudadanía estaba enfocada en la selección chilena y su rumbo hacia el Mundial de Rusia 2018, representa un grave revés en transparentar la corrupción que permea al mundo político y empresarial.