Se dice que el fiscal Alberto Chiffelle era el sucesor natural de Francisco Ljubetic para dirigir la Fiscalía Regional de La Araucanía, cuando este finalizó su periodo en 2013. No sólo habría tenido más méritos que Cristián Paredes, actual fiscal regional, sino también más redes y líneas de comunicación directa con los altos mandos de la región. Para entonces y con trece años de experiencia, ya había hecho carrera en esa entidad. Sin embargo, Chiffelle prefirió mantener su cargo de fiscal jefe de Temuco, luego de que el fiscal Sergio Moya fuera trasladado a Rancagua en 2010, y no asumir un puesto superior pero acotado a ocho años. De todas maneras, es considerado “el fiscal líder” y Paredes no sería más que una “pantalla”. Es de suponer que en todos estos asuntos se deje poco espacio para el azar y que las designaciones asuman un carácter estratégico.

Desde que se inició la investigación que busca esclarecer la muerte de los parceleros Werner Luchsinger y Vivian Mackay, ocurrida en 2013, la Fiscalía ha mantenido prácticamente con exclusividad a Chiffelle en este caso. Es el persecutor que ha liderado las indagatorias junto a la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía. Pero eso también ha sido una manera de protegerlo, de no exponerlo más de la cuenta. Así lo aseguró un ex funcionario de ese círculo que conoció por más de diez años el trabajo del fiscal y que aclara que el segundo juicio de este caso reveló graves deficiencias en la investigación, lo que quedó constatado en el fallo del Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) de Temuco, de octubre de 2017, que no estimó la existencia de pruebas suficientes para dictar una condena en contra de los once mapuches acusados. Fue un golpe bajo para el equipo de la Fiscalía que decía “tener ganado” ese juicio.

Y aunque desde el 26 de febrero pasado, Chiffelle ha estado concentrado en el tercer proceso de juicio oral del caso – que se reinició por orden de la Corte Suprema- siempre se ha caracterizado por manejar detalles de la mayoría de las causas de la región. ¿Alguna preferencia? “Claro, su acento ha estado puesto en los casos mapuches. Él llamaba directamente a las fiscalías de Collipulli, Angol, Traiguén. A veces, pedía bajarle el perfil a ciertos casos o instruía sobre las medidas cautelares que había que solicitar. Cuando se hacían las capacitaciones comunicacionales sobre cómo referirse a estos temas en la prensa, por ejemplo, la sugerencia era no hablar de “conflicto mapuche”, pero por mucho tiempo las carpetas investigativas estaban marcadas con un “CM”, y esas de seguro pasaban por manos del fiscal Chiffelle”, reveló el profesional.

El miércoles pasado se iniciaron los alegatos de clausura del caso Luchsinger- Mackay y el próximo sábado 5 de mayo el Tribunal dictaría sentencia contra los once mapuches acusados en el caso. Un caso en el que no se puede desconocer el peso que ha tenido Alberto Chiffelle.

Desde el narcotráfico al conflicto mapuche

El salto de Alberto Chiffelle desde la Universidad de Concepción al Ministerio Público fue bastante breve. Tres años después de titularse de esa casa de estudios ya formaba parte del equipo de la Fiscalía de La Araucanía como persecutor adjunto. Transcurría el 2000 y entonces Esmirna Vidal Moraga, hoy notaria en Temuco, estaba al mando de la Fiscalía regional.

Los primeros años de trabajo del persecutor coincidieron con el arranque de la Reforma Procesal Penal, que tuvo como puntapié inicial esa región y Coquimbo. En principio Chiffelle estuvo ligado a casos de narcotráfico y a la persecución de crimen organizado, área en la que se especializó junto a otros diez fiscales del país.

Uno de los episodios que lo tuvo bastante complicado fue el llamado “caso Morrison”, ocurrido en 2007. Aquí los dardos del fiscal apuntaron a Paul Morrison Cristi, empresario e hijo de la ex diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por la Reina y Peñalolén, María Angélica Cristi. El persecutor presentó una acusación por microtráfico de drogas en contra de Morrison y pidió una pena de 600 días de presidio y el pago de una multa de alrededor de un millón de pesos. Mientras que la defensa de Morrison, el abogado Jorge Bofill, insistía en que se trataba de un “montaje policial”. Era un terreno difícil para el fiscal sobre todo porque históricamente en La Araucanía la derecha ha tenido un nicho de poder consolidado, lo que se ha visto reflejado en la elección de sus representantes – incluso por sobre el promedio nacional – durante las últimas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Un ejemplo de esto último es que el presidente Sebastián Piñera ganó con más de un 62 por ciento de aprobación las elecciones de 2017 en ambas provincias de la región, Cautín y Malleco.

Varios medios que cubrieron el hecho en esa época hicieron referencia a la irrestricta presencia de su madre en las audiencias. Hay que resaltar que Cristi es una reconocida defensora del legado del dictador Augusto Pinochet quien la nombró alcaldesa de Peñalolén en 1984. “¿Qué sabe el señor fiscal si no estuvo presente esa noche. Yo sí estuve por eso estoy convencida de su inocencia”, declaró en calidad de testigo la ex parlamentaria, aludiendo a su inusual participación – según aclaró- a una fiesta electrónica que produjo su hijo en Pucón. “El cerebro de las fiestas electrónicas”, como daba a conocer la prensa local a Morrison, fue llevado dos veces a juicio por Chiffelle y en ambas oportunidades fue absuelto por los tribunales que estimaron insuficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía para condenarlo.Precisamente lo que más se le reprochó a Chiffelle en ese caso fue que no llegara al “sitio del suceso”.

Pero unos años antes de este amargo capítulo, Chiffelle ya había asumido sus primeras causas mapuches. Una de las más bulladas y que marcó un precedente en materia de derechos humanos fue el caso Poluco Pidenco, en 2004. Este fue el primer caso en que se condenó a mapuches bajo la Ley Antiterrorista por el incendio de un fundo de propiedad de la Forestal Mininco – filial de CMPC del grupo Matte- y también el primero de este tipo en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2013, el tribunal internacional falló en contra del estado chileno por faltas al debido proceso, uso indiscriminado de testigos protegidos y discriminación étnica. Con esto, se sentó un hito jurídico. Pero a pesar de esas irregularidades, el caso también marcó un antes y un después para Chiffelle que fue tomando cada vez más protagonismo en este tipo de investigaciones.

En general, al persecutor se le conoce por ser un hombre de carácter duro y, según recordó la misma fuente antes señalada, los propios gendarmes sabían que para los interrogatorios, fueran o no mapuches, lo designaban especialmente por su entrenamiento en el FBI. Fue lo que ocurrió con José Peralino Huinca, el supuesto delator compensado en el caso Luchsinger- Mackay. El joven de 31 años aseguró que la primera declaración que prestó – donde involucró a los mapuches hoy acusados- fue gatillada por las presiones de la Policía de Investigaciones (PDI) donde estuvieron presentes los fiscales Chiffelle y Luis Arroyo. De esa declaración no se dejó registro de ningún tipo.

Pero nada de esto último ha sido motivo para empañar su carrera, al contrario, siempre ha obtenido la máxima evaluación de sus superiores. Su desempeño fue destacado por la Mesa Interregional sobre Violencia Rural, instancia creada en 2016 por la Fiscalía Nacional, donde obtuvo nota 7.0 por su trabajo al igual que el fiscal Arroyo. Aunque las notas de otros persecutores de la macrozona – regiones de BíoBío, La Araucanía y Los Ríos donde se concentran los ataques vinculados a la “violencia rural” – no fueron igual de buenas y sólo 28 de 71 persecutores lograron esa calificación.

Un puesto de confianza

Un hecho específico marcó la designación de Chiffelle como persecutor preferente en causas mapuches.

La madrugada del 31 de diciembre de 2013 se registró la quema de un helicóptero que prestaba servicios a la Forestal Mininco, en la ruta que une Angol con Renaico. Según el propietario, se trataba de una instalación nueva con una cabina acondicionada para los brigadistas contra incendios forestales. El gobernador de Malleco, entonces Erich BaumannFrindt – hijo de una empresaria de la zona y ex piloto de combate de la Fuerza Aérea- vinculó los hechos a manifestaciones por la conmemoración de los seis años del asesinato de Matías Catrileo por parte el cabo Walter Ramírez, que se cumpliría ese 3 de enero de 2014. El llamado de las autoridades regionales fue a tomar otra clase de medidas tendientes a agilizar las investigaciones, porque pese al refuerzo policial los hechos nuevamente se repetían.

Lo anterior desencadenó en una reunión entre el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán y el ministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, quien asumió nuevamente el cargo el mes pasado. Su decisión fue designar a Chiffelle con dedicación exclusiva para indagar estos hechos y avanzar en nuevas líneas de investigación. Y aunque el caso se cursó por el delito de incendio, Chahuán no descartaba invocar la Ley Antiterrorista. De todas maneras, la máxima autoridad del Ministerio Público no dejó atrás sus críticas al respecto: “El sistema procesal penal exige un alto estándar de prueba y en La Araucanía hemos tenido algunas dificultades con los medios de prueba por rendir en los juicios. Pero, en general, nosotros bailamos con la música procesal que nos pone los tribunales. Necesitamos más recursos para investigar”, acotó.

Pero un año antes Chadwick ya había planteado a la Fiscalía designar este cargo aunque hasta ahí Chahuán lo había descartado. El militante de la UDI advertía que era una propuesta de La Moneda pero que el Ministerio Público aún no lo creía necesario y que no debía ser motivo de polémica.

A fin de cuentas, la Fiscalía Nacional optó por crear esta figura y así fue como el fiscal Chiffelle tomó un puesto de suma confianza a petición del Gobierno, lo que también coincidía con su participación de las indagatorias del caso Luchsinger- Mackay. En esa etapa la investigación estaba enfocada en la supuesta participación del machi Celestino Córdova, el único condenado hasta ahora en el caso y quien estuvo en huelga de hambre por más de tres meses en la cárcel de Temuco.

Las tierras de Victoria

La cuna del fiscal es Victoria y sus raíces son suizas. En esta ciudad, ubicada en la provincia de Malleco, se registró la llegada de suizos desde la mitad del siglo XIX, pero su presencia se consolidó a partir de 1883 en la zona de “La Frontera”, entre el río BíoBío y el río Malleco. En el libro “Nuestras Raíces Suizas” de Patricia Schifferli Coloma se recogen datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización – encargado del traspaso de predios a los colonos después de la violenta apropiación de tierras indígenas – que contabilizaba mil trescientos once suizos en ese territorio, en 1884. En esta oleada colonizadora llegó la familia Schiffel. (Sobre el apellido la autora señaló que en Chile hubo un error de transcripción pero que la manera correcta es Chiffelle).

Para nadie es secreto que el fiscal proviene de una familia de latifundistas. En pueblo chico todos saben quién es quién, y así lo comentaron naturalmente algunas personas consultadas sobre el origen de esta familiaen esa ciudad.

Hay un primer dato. En la Carta General de Colonización, conocida como plano Boloña, disponible en el Archivo General de Asuntos Indígenas de la Conadi de Temuco, se registra un predio de 60 hectáreas desde 1907 ligado a los Schiffel. Desde ese año hay movimientos con esas tierras -ventas, hipotecas, adquisiciones de fundos colindantes- y aparecen los nombres de Edmundo Chiffelle, Gabriel Chiffelle, Hernando Chiffelle y Alberto Chiffelle J..

Para hacer un paralelo a los Luchsinger, estas tierras se ubicaban relativamente lejos – a más de 100 kilómetros- del terreno de estos colonos que llegaron en 1883 a la zona de Quechereguas, en la provincia de Cautín, y que poseían una hijuela de 60 hectáreas que les otorgó el fisco. Bajo la misma lógica de compraventa que los Chiffelle y que la mayoría de los colonos,fueron aumentando su patrimonio. Años más tarde esta familia se trasladaría a Vilcún, a 20 kilómetros de Temuco, donde se registró en 2013 la quema de la granja Lumahue donde vivía Werner y Vivian Luchsinger.

El segundo dato involucra directamente al fiscal. Según el Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Victoria, Alberto Enrique Chiffelle Márquez tuvo tierras a su nombre desde 1983 hasta 2007. Se trataba de una sucesión o herencia familiar que fue traspasada por Alberto Chiffelle J., de un lote de 49 hectáreas de la subdivisión del fundo “El Nogal”, ubicado en esa comuna. Figura en el registro que Chiffelle vendió el predio a un particular, Juan Arturo Jaramillo Peña, en 58 millones de pesos. Consultado por esto, Jaramillo afirmó haberle comprado el terreno al fiscal y que lo había vendido tiempo después, tal como aparece en el Servicio de Impuestos Internos (SII), a Raúl Zúñiga Mardones quien lo adquirió con fines agrícolas.

A esto se suman los antecedentes disponibles en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que registran seis lotes de entre 45 y 50 hectáreas, vinculadas a la propiedad familiar de los Chiffelle, antes de las transferencias totales o parciales que se registran actualmente en el Conservador. Es decir, las tierras de esta familia habrían alcanzado una extensión aproximada de 300 hectáreas en total.

Si bien Chiffelle figuraba como propietario de un lote, lo que coincidió con sus primeros años en la Fiscalía de Temuco, no hay antecedentes en la Conadi sobre procesos reivindicatorios o reclamaciones de comunidades mapuches sobre estos predios. El dirigente de una de las comunidades más cercanas llamada Manuel Chavol y José del Carmen Neculpan, Segundo Lincopán, recuerda que su padre trabajó en esos predios camino a Quino y que era un terreno muy extenso principalmente dedicado al cultivo de trigo y avena. De la familia del fiscal ahora sólo ubican a su tía, Elena Chiffelle, propietaria de un fundo con el que colindan por el norte de su comunidad y con quien, aclaran, nunca han tenido conflictos.

Un episodio respecto de las tierras y la familia del fiscal Chiffelle ocurrió en 2001, durante el proceso de reivindicaciónde la comunidad Domingo Trangol. Los dirigentes y sus abogados – entre ellos Roberto Celedón – solicitaron la inhabilidad del fiscal Chiffelle por tener parentesco con uno de los latifundistas que figuraba como propietario de las tierras que reclamaban. No eran tierras del fundo “El Nogal” pero también pertenecían a la comuna de Victoria. Se trataba de Bernardo Carlos ChiffelleHeisse que junto con la familia Lichtenberg y la Forestal Mininco estaban en conflicto con la comunidad. A raíz de esto, la fiscal regional Esmirna Vidal solicitó una investigación a cargo del entonces fiscal jefe de Lautaro, Rolando Melo Latorre, hijo de un ex fiscal militar, para evaluar si se cumplían las normas de inhabilidad. La investigación concluyó que el vínculo estaba en el orden de un sexto grado de parentesco, por lo tanto no se cumplía con el criterio que aplica al ser indagado un cónyuge o un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive de sus abogados.

El historiador Martín Correa ha estudiado estos hechos y detalló que en julio de 2001, Chiffelle dirigió un allanamiento junto al fiscal Francisco Rojas al Consejo de Todas Las Tierras con el fin de encontrar antecedentes que pudieran vincular a esta organización mapuche con una asociación ilícita en la causa Domingo Trangol. En esa oportunidad se llevaron los computadores del Consejo para confirmar si desde ahí se realizaban las cartas de reclamo de la comunidad. Otro de los que estuvo presente en ese capítulo fue el ex diputado de la UDI por la región, Enrique Estay Peñaloza. “El diputado actuó como articulador entre ellos (latifundistas) y yo. Me pidió que le dijera a la comunidad que renunciara al reclamo de tierras. También fue una tía de Alberto Chiffelle y Julio Lichtenberg que me pidieron lo mismo”, comentó Huilcamán para este artículo.

Más allá de que el fiscal aparezca en un registro del Conservador de Bienes Raíces con tierras que estuvieron a su nombre – que luego vendió- y que al parecer no tuvieron conflicto durante los años en que paralelamente se desempeñaba como fiscal adjunto, se trata de un asunto de transparencia y del criterio que se tendría al posicionar a ciertos funcionarios públicos en estos puestos estratégicos.

Línea directa con Carabineros

Según consta en su Declaración de Interés y Patrimonio, actualizada en marzo de 2017, el fiscal Chiffelle compatibiliza sus labores del Ministerio Público con la actividad académica, dictando clases en la Universidad Mayor y Santo Tomás de esa ciudad. Su estado civil es casado con el régimen de separación total de bienes y su cónyuge es Marisole Armida Cid Gana.

La esposa del fiscal Chiffelle trabaja en la prefectura de Carabineros de Cautín hace más de diez años. Es asistente social de profesión y ocupa el cargo de jefa del servicio social de Temuco en esa unidad. En 2016, como lo dieron a conocer algunos medios locales en notas breves, fue denunciada por malos tratos y acoso laboral por la cabo segunda auxiliar social de la Prefectura, Alejandra Vásquez, quien ingresó a la institución en 1998. A esto se sumaron las declaraciones de dos sargentos y una asistente en práctica que confirmaron la situación, según consta en documentos. La trabajadora recalcó que su jefa aludía expresamente a su vínculo con el fiscal de Temuco para protegerse ante posibles denuncias. Incluso, la habría amenazado con pedir su traslado si llegaba a revelar el intolerable ambiente laboral que ella describía.

Por la entrevista que Alejandra concedió al diario El Austral de Temuco, el 6 de septiembre de 2016, dando a conocer esta situación le aplicaron una sanción disciplinaria nivel tres equivalente a 15 días de suspensión por no respetar el conducto regular de ser autorizada por el coronel Víctor Zavala, lo que podría traducirse incluso en una posible expulsión en unos años. Por lo mismo, prefirió ser cauta en entregar información respecto del proceso que lleva adelante. Mientras que desde la Prefectura confirmaron que efectivamente Alejandra tiene orden de traslado a Santiago.

La uniformada se refirió a otras situaciones que presenciaba en la Prefectura: “Varias veces vi en la oficina al fiscal Chiffelle. Cuando iba almorzaba con su esposa en el casino donde también muchas veces estaban presentes los jefes de la repartición de Carabineros de turno. Naturalmente en ese ambiente se crearon nexos con generales, coronales, la jefatura del mando que llegaba. Se hablaba de reuniones en sus casas, siempre un trato afectivo”, comentó.

En una de las declaraciones por escrito que facilitó Alejandra, se señala que en una ocasión el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, concedió un discurso en la región y ella asistió en representación del Servicio. Regresó a la oficina y le comunicó a su jefa la posibilidad de elevar la denuncia por maltrato y abuso de poder y, según consta en el documento, ella le respondió en un tono burlesco: “Pero si Bruno es amigo personal mío y de mi marido, hicimos un viaje juntos, así que cualquier día él pasa a saludarme porque siempre está en contacto con nosotros”.

Desde la Fiscalía de Temuco le bajaron el perfil a esta situación por tratarse de proceso administrativo de Carabineros que, además, el ex jefe de zona de La Araucanía y ahora director nacional de Orden y Seguridad, el general inspector Christian Franzani Cifuentes, cerró en diciembre pasado. Señalaron que si el caso no se hubiese presentado en esa época como “la esposa del fiscal Chiffelle”, hubiese pasado desapercibido y que probablemente habría sido un “problema entre mujeres”.

Una red de protección

El fiscal Alberto Chiffelle no camina tranquilo por las calles de Temuco. Durante mucho tiempo contó con un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) que hacía funciones de P.P.I (Protección de Personas Importantes) acompañándolo a todos lados para resguardar su seguridad. También tuvo protección de Carabineros con un policía que estaba de punto fijo primero en su casa ubicada en la villa Claro de Luna y luego en el Barrio Inglés, el sector más acomodado de la ciudad.

Sus últimas apariciones han estado relacionadas al caso Luchsinger- Mackay, una de las investigaciones que ha marcado el escenario judicial de los últimos años. El hecho de que el tribunal de primera instancia desestimara una condena contra los once acusados en el caso sin duda que fue un revés para la estrategia de “persecución del terrorismo” que han llevado adelante los sucesivos gobiernos de turno. Los abogados defensores de los imputados insisten en que la Corte de Apelaciones de Temuco anuló la sentencia y ordenó reiniciar el juicio para contrarrestar el desequilibrio que les causó el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de esa ciudad, al absolver a los comuneros por falta de pruebas. Actualmente, la sentencia del tercer juicio oral se daría el próximo sábado 5 de mayo.

En enero pasado y antes de iniciarse el nuevamente el juicio, la Fiscalía solicitó nuevas medidas cautelares – arraigo nacional- para los comuneros. La “alerta” para el Ministerio Público se había encendido a propósito del viaje que había realizado la machi Francisca Linconao que algunos medios de comunicación no tardaron en calificar como una “fuga”, aunque para entonces no pesaba ninguna medida cautelar sobre la autoridad ancestral. Incluso, fue el propio fiscal Chiffelle, según una nota publicada por El Mercurio, que solicitó al tribunal dictar una orden de detención contra la machi. El texto agrega que en esa petición, el fiscal “advirtió un inminente peligro de fuga y aludió en ocho líneas a trascendidos de prensa informados a través del noticiero de Mega donde se decía que la acusada habría realizado el trámite de obtención de pasaporte”. La solicitud fue negada y, pese a lo que insinuaba la Fiscalía, la machi se presentó en la fecha indicada a la audiencia.

En palabras del abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, desde el pasado 26 de febrero nuevamente se percibe un ambiente de nerviosismo y de preocupación por parte de los fiscales que se han presentado en las audiencias del tercer juicio de este caso, entre ellos Chiffelle. El defensor de dos de los imputados en la causa insiste en que no tienen pruebas para fundar su acusación y que operaron razones extralegales para anular el juicio. “La Fiscalía de manera contumaz está llevando un juicio que se sostiene en razones políticas. Yo no diría que se están jugando ni el prestigio ni la seriedad de su institución porque poco les ha importado eso a estos fiscales”, aseveró.

Se solicitó a la Fiscalía de La Araucanía una entrevista con el fiscal Alberto Chiffelle para conocer su versión sobre estas opiniones y, en general, sobre el desarrollo de este caso. Sin embargo, señalaron que el autorizado para entregar declaraciones es un fiscal vocero que por ahora sería Héctor Leiva y que las declaraciones se dan en casos específicos al finalizar las audiencias del tribunal.

Hasta hace un tiempo, Chiffelle aparecía a menudo en la televisión regional, generalmente entrevistado por los casos de contingencia cuando la Fiscalía de Temuco anunciaba iniciar investigaciones. En este último tiempo eso ha cambiado yya no es una fuente recurrente en los medios, según comentan profesionales de la región. Y es que las redes de protección del fiscal son muchas más que los guardaespaldas que lo custodian en Temuco.