El silencio ha primado en La Moneda ante las acusaciones que han surgido desde diversas instituciones y la grave situación en que se encuentran más de 200 personas que han sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado. Las prioridades del Ejecutivo están claras y así lo enfatizó la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren: “El compromiso irrestricto es con la seguridad pública”, aseguró.
Este miércoles parte el esperado Juicio Oral llevado contra la autoridad ancestral mapuche, quien junto al Werkén Álvaro Millalén, permanecen desde agosto del año pasado en prisión preventiva sin poder probar su inocencia en los delitos imputados. El abogado defensor, Rodrigo Román, aseveró que existe una persecución política contra ellos.
Así lo expresó el representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, al comentar el anuncio realizado por el alto mando de Carabineros sobre el uso “acotado” de escopetas antidisturbios.
Así lo manifestó el máximo representante de nuestra casa de estudios quien, junto a su par de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, expresó su extrema preocupación por los múltiples casos de mutilación ocular perpetrados por la policía uniformada en contra jóvenes manifestantes.
“Yo recuerdo un caso del año 2011, se discutió mucho esta misma situación por el tema de las lacrimógenas, que se prohibieron por un tiempo y finalmente derivó en más violencia”, aseguró el secretario de Estado.
La institución exigió el fin del uso “indiscriminado” de escopetas antimotines en las manifestaciones.
La iniciativa, fundada por el periodista Claudio Pizarro, contempla una serie de testimonios que dan cuenta del accionar desmedido de efectivos policiales durante las movilizaciones que estallaron el 18 de octubre.
En misivas presentadas este viernes en la sede de Gobierno y dirigidas al Presidente Sebastián Piñera, la instancia se opone tajantemente a la violencia ejercida por el Estado a través de Carabineros y Fuerzas Armadas.
Jubilados y jubiladas pertenecientes a asociaciones comunales, regionales y nacionales entregaron una carta al Mandatario donde exigen que se tomen medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas de la tercera edad.
El coordinador de la Cátedra de DD.HH. de nuestra casa de estudios cuestionó la estrategia del Gobierno frente a las movilizaciones sociales y manifestó que el Ejecutivo ha apostado por la violencia y la división del movimiento, desentendiéndose del tema de fondo de la crisis.
Nuestra casa de estudios, a través de la Cátedra de Derechos Humanos y la Defensoría Jurídica, fue citada a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizará el próximo 11 de noviembre en Quito, Ecuador. También se invitó a participar de la instancia a organismos como Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, entre otros.
“Exigimos una investigación que dé cuenta de todas las personas responsables de estos hechos que culminaron con dos estudiantes, menores de edad, heridas por carabineros en el interior de un establecimiento educacional y que se establezcan todas las responsabilidades administrativas y penales, y que se adopten medidas de reparación y particularmente se garantice la no repetición de estos actos”, señala el documento elaborado por la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.
La ANEF, el Colegio de Profesores y los propios trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y servicios asociados, denunciaron que la idea tendría ya resultados preestablecidos. Además, en Talca y comunas de la región de la Araucanía se ha acusado a las autoridades locales de seleccionar arbitrariamente a los participantes, siempre afines a la administración de turno.
El equipo de sistematización de Unidad Social presentó los resultados preliminares respecto de dichas instancias de participación ciudadana, que tienen por fin reflexionar colectivamente sobre propuestas, para resolver la crisis social. Una nueva Constitución es una de las principales prioridades.
Los dirigentes sindicales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos emplazaron al gobierno y senadores a terminar con la iniciativa oficial.