Diputados y organizaciones sociales calificaron como “campaña del terror” los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, en los que aseguró que de aprobarse la reforma al Código de Aguas, el Estado deberá desembolsar 27 mil millones de dólares en concepto de indemnizaciones.
El ex mandatario deberá declarar en un conflicto que data del año 2001 respecto de la propiedad de los terrenos donde se encuentra emplazado el proyecto minero de Barrick Gold.
Organizaciones medioambientales acusaron “complacencia del Estado” en la extracción de agua desde el salar de Punta Negra por parte de Minera Escondida, proceso que califican de “ecocidio” en la Región de Antofagasta.
La apertura de fronteras para la exportación de residuos peligrosos y eventual derogación del Decreto Supremo Nº 2 del Ministerio de Salud que prohíbe la exportación de baterías de plomo fuera de uso, implicaría además el fin de la industria del reciclaje en Chile -uno de los objetivos más señalados tras la aprobación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor- poniendo en riesgo la eventual entrada de cualquier otro actor al mercado.
La muerte de los cisnes de cuello negro en Valdivia o los cuatro derrames de petróleo producidos en la costa de Quintero son sólo algunos de los casos que han sido resueltos a través de la imposición de multas y de programas de recuperación. Frente a ello, desde la Fundación Terram indicaron que hoy para las compañías es más fácil pagar que repensar su funcionamiento. “Es cierto que desde que entró en vigencia la Superintendencia de Medio Ambiente, las penas subieron, pero todavía es insuficiente para que las empresas rectifiquen”, señaló Flavia Liberona, directora ejecutiva de la organización.
El gobierno decretó de manera oficial la creación del “Parque Marino Nazca-Desventuradas”. De esta manera, se materializa la protección del área de las islas San Ambrosio y San Félix en una extensión de 300 mil kilómetros cuadrados.
Entre el 1 y el 10 de septiembre la embarcación Tara hará escala en Isla de Pascua, trayendo a Chile una inédita iniciativa liderada por científicos franceses, que recorrerán el Océano Pacífico desde el Canal de Panamá al Archipiélago de Japón, y desde Nueva Zelanda hasta China para estudiar el impacto del cambio climático en los arrecifes de coral.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hizo pública la actualización del Mapa de Conflictos Socioambientales. En esta herramienta se han indexado 102 controversias que se encuentran dispuestas de forma georreferenciada, e incluye información sobre los antecedentes de cada una de ellas.
Entendemos que el daño socioambiental que estamos produciendo bajo la ceguera extractivista es insoslayable hasta para quienes orientan las políticas extractivistas, y en cierto sentido valoramos que puedan dimensionar y alertarse de los enormes costos que traen consigo los mitos del “crecimiento”, “el desarrollo sostenible”, “la economía verde” y bravatas similares.
A través de la campaña “No más carbón”, Fundación Terram advirtió sobre la contaminación provocada por el carbón. “En Tocopilla hay una zona enorme donde se vierten las cenizas de las termoeléctricas que de hecho, llaman ‘el cenicero’ y es un territorio que además fue afectado por los aluviones del año pasado”, dijo Flavia Liberona, directora ejecutiva de la organización.
“No tan sólo es un problema de libre escurrimiento de las aguas, es un problema que atañe a los Derechos Humanos”, declararon.
La norma ambiental vigente permitió que el proyecto de una curtiembre en la comuna de Maipú fuera aprobado sin la participación de la comunidad. A pesar de que el municipio puso observaciones por vías institucionales, el hecho no fue socializado al menos por un año a los vecinos, quienes dicen sentirse desprotegidos frente a una instalación contaminante cercana a sus barrios.
Desde el movimiento ciudadano “Este polvo te mata” manifestaron que la investigación, que se inició en 2014, ha tenido escasos avances. “Este es un tema que nos acongoja porque en el fondo se ve que la institucionalidad no funciona a favor de los ciudadanos”, recalcaron.
El documento será presentado al Ejecutivo para que evalúe los criterios que deben ser integrados en los informes ya realizados por la Comisión Asesora Presidencial sobre esta materia.
Diez proyectos de viviendas sociales con uso eficiente de la energía fueron seleccionados para la fase final del concurso, cuyo fin es diseñar un prototipo de casa equipada para utilizar la energía solar en futuros proyectos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
