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Muy crítica fue la opinión de diversas agrupaciones de consumidores, respecto al proyecto de ley que busca modificar las condiciones de descuento de créditos de consumo en las planillas de renta de los empleados, sean del sector público o privado.
Un proyecto que fue resistido cuando ingresó al Congreso y cuyo rechazo se agudizó luego de diversas mociones presentadas por senadores del oficialismo y la oposición.
Indicaciones que permitirían a los bancos, cooperativas de ahorro y préstamo, cajas de compensación y mutuales, descontar las cuotas de los créditos de consumo directamente de la remuneración del trabajador y cliente.
Una situación que fue calificada como muy nociva por Jorge Abarca, vicepresidente de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de la Seguridad Social (Anadeus), quien responsabilizó del sobreendeudamiento a las mismas empresas que se beneficiarían con el proyecto.
“El consumidor no es tan responsable como se quiere hacer aparecer, que solamente falta información. Hay tantos incentivos para comprar que, finalmente, la gente cede a estos incentivos de manera irracional, y eso hace que se endeuden y después tengan tantos problemas. Ese es un tema gravísimo, porque hoy las grandes empresas van a poder descontar y poder pagar aquella deuda que ellos mismos generan con grandes intereses, dejando a los consumidores sin el sueldo necesario para tener una vida aceptable. Nos parece sumamente grave”, denunció Abarca.
Se presentó también otra moción, de autoría del senador RN Francisco Chahuán, que aumenta hasta el 40 por ciento del sueldo el volumen extraíble por parte de las instituciones financieras que hayan otorgado un crédito.
En este sentido, el vocero de Anadeus dijo compartir el informe del Banco Central, que recomendó no tener un techo superior al 20 por ciento aplicable a descuento, y agregó que la hipotética aprobación de este proyecto, “sólo generaría grandes problemas a la inmensa mayoría de la población”.
Por ello es que emplazó al conjunto de parlamentarios a formular un nuevo proyecto, que establezca el máximo de endeudamiento que puede sostener una persona, sin que le genere trastornos a lo largo del mes.
“Tiene que haber un proyecto que se discuta más a nivel nacional, de verdad con gente experta en la materia, que de alguna manera llegue a una adecuada solución. Pero estos proyectos presentados así, para enfrentar una crisis y que la crisis la enfrenten solamente los consumidores me parece una aberración”, insistió el dirigente.
Por su parte, Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), instó a los parlamentarios a rechazar el proyecto, tal y como está, y avanzar en la disminución de las tasas de interés aplicadas en unidades de fomento.
“Nos parece bien que hubiera que tomar medidas con respecto a este sistema, que las cajas de compensación también sean fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, están entregando créditos. Si queremos que haya crédito social de esta manera, que se aplique la tasa de interés que se aplica en los créditos de 200 a 5mil que es solamente un 18 por ciento y ahí entremos a conversar, pero no que sea superior el descuento a más allá de un 20 por ciento”, señaló Calderón.
Además, el vocero de Conadecus, afirmó que el Banco Estado debiera ser la institución encargada de la entrega de microcréditos solidarios a trabajadores y pensionados, con bajos intereses.
Esto, cuando llegó Pinochet, se eliminó porque deseaban que el trabajador recibiera su sueldo entero. De otra manera decían, el trabajador encontraba como que ganaba poco.
Ahora hay que pagar al Retail mantención de tarjeta para poder comprarles, o sea al revés.
Ahora los empresarios desean asegurarse que el deudor pagará, debido a que la gente está hasta el cogote con deudas, y más encima, sin bajar los interese al mínimo, ya que no habría riesgo.
Lo que se debiera hacer, es unificar todas las deudas de los Chilenos, para que a los que estén sobre endeudados, no se les siga prestando.
Que no les pase lo que al Gobierno Griego, que la banca Internacional le seguía prestando a altísimos intereses
con un riesgo enorme, de que no pagaran, como ocurrió.
Atte.
Un problema de fondo, es la carerrajeza de suponer, como supuesto básico del sistema capitalista, que el consumidor está siempre informado, que es inteligente y toma las mejores decisiones de consumo.
Yo planteo que esto no es así, planteo que los consumidores, por muy preparados que estén académicamente, o intelectualmente ante la vida, en instancias de consumo no puede encontrarse nunca en situación de igualdad de condiciones, o equilibrio, frente a la empresa que le oferta un producto o servicio.
¿Anda el consumidor con un laboratorio bio químico para medir los alimentos y verificar toda vez que hace una compra si los que compra contienen los nutrientes que en el envase expresa su productor?
¿Tiene el consumidor alguna posibilidad de verificar el contenido de los champú que utiliza, para verificar cuales son los cambios de composición que introduce la empresa para hacerlos obsoletos y poder introducir nuevos productos?
¿Tiene el abogado una expertís técnica para evaluar si el avión que aborda cumple con las normativas de mantenimiento y control necesarias para el buen vuelo? Aquí no importa si firmó un excelente contrato, con cláusulas de responsabilidad, una vez muerto, de nada le servirá.
En estos simples ejemplos podemos constatar que el consumidor está siempre, pero siempre en desventaja, en posición de debilidad frente a la empresa que le vende productos o servicios, no hay forma de que los consumidores individualmente sean capaces de medir la consistencia entre lo ofertado y lo entregado...
Es por lo anterior que se hace indispensable, prioritario, no eludible que el estado se haga cargo de velar por la consistencia de la oferta. Con la platita de todos, debemos realizar monitoreo constante de la oferta, de la calidad del producto final, y el estado debe sancionar fuertemente la inconsistencia. ¿O no nos recordamos que el sistema capitalista funciona basado en la confianza?
Entonces, es lógico que sea una autoridad central, quien haga el monitoréo y promueba altas sanciones a las empresas que incumplen con la promesa de su oferta. Con esto tendríamos que tender a minimizar todas las malas prácticas de la industria actual, terminar con el matonaje al que nos somete la industria a diario.
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Que no exista regulación para evitar el endeudamiento excesivo, ya es una falta a la regulación
Pero esta idea, es meterse en un contrato privado entre una persona y su empleador...cuál es el fundamento para esto???.
Si alguien se endeuda, es su responsabilidad pagar, y el verá cómo lo hace. X algo le dieron crédito...x q es solvente.
Existiendo tanto pocos dueños del comercio, tienen a sus clientes como empleados. Es como en las pulperías de las salitreras:
- Las grandes tiendas son las pulperías, y las tarjetas de crédito, las fichas...
La mentalidad es la misma....