De norte a sur del país las comunidades indígenas señalan que mientras no se realicen los cambios necesarios en las políticas internas, no podrán gozar de las garantías que establece el acuerdo internacional, pero aseguran que continúan abiertos al diálogo con el gobierno.

El próximo 15 de octubre se cumple un mes de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve garantías colectivas para los pueblos indígenas, lo que significa reconocerles derechos políticos, participación en el Congreso, en las municipalidades y gobiernos regionales; derechos consuetudinarios a tierras, territorios y recursos naturales, al empleo, a la educación, seguridad social y salud, consagrando el principio de la no discriminación.

Pero aunque esta misma descripción se destaca en la página de Internet de la Presidencia, lo cierto es que las comunidades están descontentas por la  falta de medidas que concreten estos beneficios, especialmente el derecho a consulta en materias que los atañen directamente que establece el acuerdo internacional.

De esta manera lo hicieron sentir numerosos dirigentes en el Seminario Internacional “Desafíos de la implementación en Chile del Convenio 169 OIT” organizado por el Consejo de Pueblos Atacameños, el Observatorio Ciudadano y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, entre otros.

Ronny Leiva, psicólogo, kona del consejo del Pikun Willi Mapu e integrante del grupo de trabajo mapuche sobre derechos colectivos, aclaró que “tiene que haber voluntad del gobierno para entrar diálogo” y enfatizó que “los werkén están en disposición de conversar con el ministro de Asuntos Indígenas”.

Sin embargo, Leiva afirmó que los pueblos originarios han “constatado que no hay voluntad de diálogo, hay militarización de los territorios por una parte y, por otro lado, hay anuncios de nuevas políticas. Es el carácter esquizofrénico del gobierno y del Estado respecto de los pueblos originarios en general”.

Según José Millalén, dirigente de la comunidad de Galvarino, se mantiene la tensión en el sur del país por las demandas territoriales y la nueva herramienta del derecho internacional no es completamente efectiva debido a la falta de políticas internas.

“No ha habido ninguna respuesta concreta en función de las demandas que se han planteado, en ese marco difícilmente puede haber ninguna variación de la situación, si lo comparas con los días inmediatamente posteriores a la muerte del peñi Mendoza Collío, se puede decir que está más tranquila, pero no se puede decir que las comunidades no estén movilizadas, al contrario”, dijo.

Por su parte, Francisco Rivera, presidente del Consejo de Pueblos Originarios de Arica y Parinacota, manifestó que la posición de los nortinos es “seguir haciendo interlocución con el Estado, no podemos romper con el Estado o enojarnos. Hay una hegemonía de los servicios públicos por imponer este pacto Reconocer y toda esa situación la tenemos que empezar a ordenar. En Santiago se da la información, en el norte estamos escasos de información”.

Rivera dijo que queda mucho camino por recorrer aún y un amplio proceso de información para utilizar esta herramienta a favor de las comunidades y saldar deuda que ellos aseguran que el Estado chileno mantiene con los indígenas, entre ellas, la solución a materias como el reconocimiento de las autoridades tradicionales, de fronteras, libertad a los presos políticos y no más megarepresas en sus territorios.