El Congreso Nacional rechazó la partida correspondiente al presupuesto del Ministerio de Educación para el próximo año, con votos en contra de la oposición y abstenciones del oficialismo. El Magisterio recibió positivamente la noticia, dando cuenta que el Parlamento da el piso político a salidas concretas para la deuda histórica.

La tercera subcomisión mixta de Presupuestos rechazó los recursos correspondientes al Ministerio de Educación en el 2010, debido al nulo avance en las negociaciones para conseguir un acuerdo entre gobierno y Magisterio, que hoy cumple su tercer día de paro nacional.

Después del resultado, visiblemente molesta, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, insistió en la urgencia de contar con estos recursos.

“Ustedes comprenderán que no se le puede pasar por la mente a una ministra que vamos a rechazar el presupuesto de Educación, porque no podría funcionar Chile ¿Se imagina Chile funcionando sin educación? Si tenemos un problema ahora, imagínense la magnitud del problema que tendríamos sin presupuesto. Por lo tanto, esto tiene que resolverse y tenemos que aprobar el presupuesto de Educación”, dijo.

En la comisión, los parlamentarios opositores Carlos Kuschel y Claudio Alvarado rechazaron la partida, argumentando que el Ejecutivo esperó hasta última hora para responder al informe del Congreso en el que le proponía fórmulas de pago para la deuda histórica.

Alvarado acusó la mezquindad del gobierno ante el magisterio, cuando han requerido numerosos recursos para otros ámbitos.

“Nosotros hemos hecho lo imposible para salvar al gobierno colocándole dos mil quinientos millones de dólares al Transantiago, mil cien millones de dólares para pagar el descalabro de Ferrocarriles del Estado, mil millones de dólares para suplir las pérdidas de Enap, y hoy día que nos diga que no tiene 800 millones de dólares para pagar la deuda histórica es burlarse del Magisterio y del Congreso Nacional”.

De la misma manera, el independiente Carlos Ominami y el PS Carlos Montes se abstuvieron de aprobar los recursos para el Ministerio de Educación.

Carlos Montes señaló que esta votación fue “una clara manifestación de molestia con la manera en que el ministro Velasco ha tratado el tema de los profesores a propósito de la deuda histórica. Ha habido un llamado al diálogo para que se restablezcan las conversaciones para que haya solución a como quiera llamársele, deuda histórica, compensación, etc. La verdad es que es necesario abordar este tema”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, quien ha estado realizando intensas gestiones para contar con el apoyo de las bancadas parlamentarias al paro nacional, valoró el resultado y lo interpretó como un gesto del Congreso para legitimar la existencia de la deuda histórica y la necesidad de que el gobierno implemente medidas concretas para resolver esta problemática.

Gajardo señaló que así como el Congreso rechazó el presupuesto de Educación, también aprobaría un proyecto de ley que repare la situación económica de los docentes afectados.

“No nos sorprende la votación que se ha dado ahora y hacemos un llamado a la autoridad a que esto que está haciendo el Parlamento, las señales que está dando, sean recogidas y se entienda que el gobierno tiene piso político para resolver este tema, tiene apoyo, hay una transversalidad en que hay que resolver esta situación y que es justo”, sostuvo el dirigente. 

La partida de Educación considera 8 mil 300 millones de dólares, recursos que además incluyen al Consejo de Cultura. Aunque falta que los dineros del Ministerio de Educación pasen a trámite por la comisión mixta de Presupuestos y por la sala de ambas Cámaras, es claro que este primer rechazo es un duro traspié para el Ejecutivo.

Negociación con el gobierno

Antes de conocerse esta votación en el Congreso, durante la mañana Jaime Gajardo confirmó que hoy asistirán al ministerio de Educación para retomar las conversaciones con las autoridades y buscar una salida al paro nacional indefinido.

El líder de los docentes dijo que los dos puntos concordados para tratar en la reunión, agendada ayer vía telefónica, son el pago de la segunda cuota del Bono de Subvención Adicional (SAE) y el pago de la deuda histórica.

Además, indicó que lejos de las propuestas y las ideas que se manejen, las negociaciones deben
"solucionar este problema a la brevedad, eso es lo que tenemos que ver en terreno, nosotros no hemos escuchado en detalle lo que se está planteando, pero debe haber una reparación. Si es que el gobierno insiste en que no hay deuda o que no hay nada que pagar, no vamos a llegar a ninguna parte", aseveró el presidente del Magisterio.

Además, acotó que no comprende la participación de la Asociación Chilena de Municipalidades en las negociaciones por el pago de la deuda histórica, que es un compromiso que, de acuerdo a los docentes, el Estado mantiene con ellos y no los municipios. Aunque uno de los puntos a tratar también es la cancelación pendiente de la segunda cuota del Bono SAE que corresponde a las comunas.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Pablo Zalaquett, fue tajante en negar en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile que las municipalidades les deban a los profesores alguna parte del Bono SAE.

"Los profesores están alegando sin ningún fundamento porque habíamos llegado a un acuerdo con ellos, además fui parte de la mesa negociadora donde se iba a pagar un adelanto y luego se esperaría que la Contraloría ratificará la fórmula de pago para determinar cuánto era el monto global. Se pagó una cantidad de plata muy grande, 21 mil millones de pesos, y luego la fórmula de la Contraloría dictaminó que la deuda era muy inferior a lo que reclamaban los profesores, por lo tanto, lo que ya se ha pagado incluye no sólo a los años pasados, sino que considera el 2009 y posiblemente el 2010", enfatizó el alcalde.

Zalaquett además reiteró su rechazo al paro de profesores y lo acusó de causar un daño irreparable a la educación pública, por lo que llamó  tanto al gobierno como al Magisterio a flexibilizar sus posturas y dejar la decisión de si existe o no deuda histórica a personas externas.