Propaganda electoral: Jugando en el límite
Con el inicio oficial del periodo de campaña electoral, las calles y rincones de las ciudades del país se llenaron de afiches, pendones y fotografías de los distintos aspirantes a La Moneda y al Parlamento. Y si bien, la ley es clara en establecer los tiempos para ello y los montos a invertir, existen ciertos resquicios que dan pie a que, muchas veces, esto no se respete.
Viernes 13 de noviembre 2009 19:37 hrs.
Queda un mes para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año y el panorama en todas las ciudades del país es el mismo: calles y espacios públicos atiborrados de propaganda electoral, muros rayados y una seguidilla infinita de rostros que invaden cada rincón de los poblados nacionales.
Nos guste o no, se inició el periodo legal de campañas electorales, sin embargo, en algunos lugares su tan característica estética se viene dando hace muchos meses atrás.
El primer punto donde se advirtió esta realidad fue en la región de Valparaíso, donde ya en julio comenzaron a aparecer las primeras denuncias sobre el asentamiento de carteles y pendones fuera del tiempo establecido.
Y es que existe un resquicio legal en el artículo 30 de la ley de sobre votaciones populares y escrutinios que señala que “se entenderá por propaganda electoral la dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados o a apoyar alguna de las proposiciones sometidas a plebiscito”. Por lo mismo, si dicha publicidad no hace un llamado directo a votar por el candidato, no se estaría faltando a la ley y sólo se trataría de un “acto de presencia” o un “recordatorio de nombres”, al menos que causen molestia a algún ciudadano, que tiene la facultad para exigir su retiro.
Emblemático fue el caso de la campaña presidencial del 2005, cuando el juez de Puerto Montt, Manuel Pérez, ordenó el retiro de la propaganda electoral que estaba instalada antes del plazo oficial. En esa oportunidad, el denominado "juez de hierro" inició un proceso que involucró a los presidenciales, y citó a declarar a Joaquín Lavín y la propia Presidenta Michelle Bachelet.
Pero situaciones como esa no constituyen la regla y pese a que los municipios están facultados para exigir el retiro de la publicidad, la aceptación general de esas malas prácticas parece ser una enfermedad asumida por la población chilena.
Pese a ello, uno de los aspectos más interesantes de las campañas electorales está dado por la composición de los gastos de los candidatos. Estos incluyen propaganda, encuestas, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, servicios prestados por personas, dinero para desplazamiento, créditos con Instituciones financieras, donaciones y los trabajos voluntarios.
En la última campaña, los aspirantes a La Moneda tenían un límite de $4.292.165.204 para solventar todos estos ámbitos. De acuerdo a los datos disponibles en el Servicio Electoral, ese año ninguno de los postulantes dijo haber excedido dicho monto.
De acuerdo a la ley, ese año se estipuló que los candidatos presidenciales recibirían fondos públicos –de acuerdo al número de votos obtenidos- y comenzó a regir una regulación a las donaciones. En ella se establece que es posible donar dinero en forma anónima para las campañas (menos de 20 UF, directamente al candidato), reservada (más de 20 UF, a través del Servel, pero sin revelar su identidad) o de manera pública. Y fue bajo esta modalidad en que Sebastián Piñera adquirió, según lo declarado, la mayor parte de su financiamiento.
Este año la carrera presidencial ha estado ineludiblemente marcada por este aspecto, no sólo por las interpelaciones directas que se han hecho los candidatos para transparentar el monto de sus gastos, sino también porque en un escenario tan reñido, mayores recursos de campaña implicaría obtener ventaja sobre los otros.
Es por eso que durante su primer debate televisado, el independiente Marco Enríquez Ominami emplazó a sus contendores a transparentar sus gastos electorales. Esto bajo la premisa que dos de ellos, Sebastián Piñera y Eduardo Frei son dos importantes empresarios.
Según lo informado en sus propias páginas webs, entre los cuatro aspirantes a La Moneda se han invertido más de mil 800 millones de pesos por concepto de campaña electoral. Todo antes de que comenzara el periodo legal de inicio de ellas.
En este sentido, Sebastián Piñera, reconoció un gasto de $419 millones hasta el 13 de septiembre; Eduardo Frei, $921 millones hasta el 31 de octubre, Jorge Arrate $150 millones mientras que Marco Enríquez-Ominami declaró un poco más de 200 millones por el periodo de junio, julio y agosto.
Este año el Servel fijó el límite en $ 5.086.797.265 millones y ha de esperarse que, como se han presentado las cosas hasta el momento, los postulantes no tengan problemas en acercarse a la cifra.
En el caso de los parlamentarios sus gastos por este concepto están fijados por región y los montos van desde los 60 millones en Atacama a los más de 150 en la Metropolitana.
Dinero que se utilizará en la franja televisiva que ya comenzó y en un sin número de letreros, rayados, volantes y artículos de publicidad que, una vez pasado el 13 de diciembre, quedarán en el anecdotario de las elecciones en el país y, por cierto, en el basurero.
Revise el monto autorizado para gasto electoral por región aquí
Queda un mes para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año y el panorama en todas las ciudades del país es el mismo: calles y espacios públicos atiborrados de propaganda electoral, muros rayados y una seguidilla infinita de rostros que invaden cada rincón de los poblados nacionales.
Nos guste o no, se inició el periodo legal de campañas electorales, sin embargo, en algunos lugares su tan característica estética se viene dando hace muchos meses atrás.
El primer punto donde se advirtió esta realidad fue en la región de Valparaíso, donde ya en julio comenzaron a aparecer las primeras denuncias sobre el asentamiento de carteles y pendones fuera del tiempo establecido.
Y es que existe un resquicio legal en el artículo 30 de la ley de sobre votaciones populares y escrutinios que señala que “se entenderá por propaganda electoral la dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados o a apoyar alguna de las proposiciones sometidas a plebiscito”. Por lo mismo, si dicha publicidad no hace un llamado directo a votar por el candidato, no se estaría faltando a la ley y sólo se trataría de un “acto de presencia” o un “recordatorio de nombres”, al menos que causen molestia a algún ciudadano, que tiene la facultad para exigir su retiro.
Emblemático fue el caso de la campaña presidencial del 2005, cuando el juez de Puerto Montt, Manuel Pérez, ordenó el retiro de la propaganda electoral que estaba instalada antes del plazo oficial. En esa oportunidad, el denominado "juez de hierro" inició un proceso que involucró a los presidenciales, y citó a declarar a Joaquín Lavín y la propia Presidenta Michelle Bachelet.
Pero situaciones como esa no constituyen la regla y pese a que los municipios están facultados para exigir el retiro de la publicidad, la aceptación general de esas malas prácticas parece ser una enfermedad asumida por la población chilena.
Pese a ello, uno de los aspectos más interesantes de las campañas electorales está dado por la composición de los gastos de los candidatos. Estos incluyen propaganda, encuestas, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, servicios prestados por personas, dinero para desplazamiento, créditos con Instituciones financieras, donaciones y los trabajos voluntarios.
En la última campaña, los aspirantes a La Moneda tenían un límite de $4.292.165.204 para solventar todos estos ámbitos. De acuerdo a los datos disponibles en el Servicio Electoral, ese año ninguno de los postulantes dijo haber excedido dicho monto.
De acuerdo a la ley, ese año se estipuló que los candidatos presidenciales recibirían fondos públicos –de acuerdo al número de votos obtenidos- y comenzó a regir una regulación a las donaciones. En ella se establece que es posible donar dinero en forma anónima para las campañas (menos de 20 UF, directamente al candidato), reservada (más de 20 UF, a través del Servel, pero sin revelar su identidad) o de manera pública. Y fue bajo esta modalidad en que Sebastián Piñera adquirió, según lo declarado, la mayor parte de su financiamiento.
Este año la carrera presidencial ha estado ineludiblemente marcada por este aspecto, no sólo por las interpelaciones directas que se han hecho los candidatos para transparentar el monto de sus gastos, sino también porque en un escenario tan reñido, mayores recursos de campaña implicaría obtener ventaja sobre los otros.
Es por eso que durante su primer debate televisado, el independiente Marco Enríquez Ominami emplazó a sus contendores a transparentar sus gastos electorales. Esto bajo la premisa que dos de ellos, Sebastián Piñera y Eduardo Frei son dos importantes empresarios.
Según lo informado en sus propias páginas webs, entre los cuatro aspirantes a La Moneda se han invertido más de mil 800 millones de pesos por concepto de campaña electoral. Todo antes de que comenzara el periodo legal de inicio de ellas.
En este sentido, Sebastián Piñera, reconoció un gasto de $419 millones hasta el 13 de septiembre; Eduardo Frei, $921 millones hasta el 31 de octubre, Jorge Arrate $150 millones mientras que Marco Enríquez-Ominami declaró un poco más de 200 millones por el periodo de junio, julio y agosto.
Este año el Servel fijó el límite en $ 5.086.797.265 millones y ha de esperarse que, como se han presentado las cosas hasta el momento, los postulantes no tengan problemas en acercarse a la cifra.
En el caso de los parlamentarios sus gastos por este concepto están fijados por región y los montos van desde los 60 millones en Atacama a los más de 150 en la Metropolitana.
Dinero que se utilizará en la franja televisiva que ya comenzó y en un sin número de letreros, rayados, volantes y artículos de publicidad que, una vez pasado el 13 de diciembre, quedarán en el anecdotario de las elecciones en el país y, por cierto, en el basurero.
Revise el monto autorizado para gasto electoral por región aquí
Queda un mes para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año y el panorama en todas las ciudades del país es el mismo: calles y espacios públicos atiborrados de propaganda electoral, muros rayados y una seguidilla infinita de rostros que invaden cada rincón de los poblados nacionales.
Nos guste o no, se inició el periodo legal de campañas electorales, sin embargo, en algunos lugares su tan característica estética se viene dando hace muchos meses atrás.
El primer punto donde se advirtió esta realidad fue en la región de Valparaíso, donde ya en julio comenzaron a aparecer las primeras denuncias sobre el asentamiento de carteles y pendones fuera del tiempo establecido.
Y es que existe un resquicio legal en el artículo 30 de la ley de sobre votaciones populares y escrutinios que señala que “se entenderá por propaganda electoral la dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados o a apoyar alguna de las proposiciones sometidas a plebiscito”. Por lo mismo, si dicha publicidad no hace un llamado directo a votar por el candidato, no se estaría faltando a la ley y sólo se trataría de un “acto de presencia” o un “recordatorio de nombres”, al menos que causen molestia a algún ciudadano, que tiene la facultad para exigir su retiro.
Emblemático fue el caso de la campaña presidencial del 2005, cuando el juez de Puerto Montt, Manuel Pérez, ordenó el retiro de la propaganda electoral que estaba instalada antes del plazo oficial. En esa oportunidad, el denominado "juez de hierro" inició un proceso que involucró a los presidenciales, y citó a declarar a Joaquín Lavín y la propia Presidenta Michelle Bachelet.
Pero situaciones como esa no constituyen la regla y pese a que los municipios están facultados para exigir el retiro de la publicidad, la aceptación general de esas malas prácticas parece ser una enfermedad asumida por la población chilena.
Pese a ello, uno de los aspectos más interesantes de las campañas electorales está dado por la composición de los gastos de los candidatos. Estos incluyen propaganda, encuestas, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, servicios prestados por personas, dinero para desplazamiento, créditos con Instituciones financieras, donaciones y los trabajos voluntarios.
En la última campaña, los aspirantes a La Moneda tenían un límite de $4.292.165.204 para solventar todos estos ámbitos. De acuerdo a los datos disponibles en el Servicio Electoral, ese año ninguno de los postulantes dijo haber excedido dicho monto.
De acuerdo a la ley, ese año se estipuló que los candidatos presidenciales recibirían fondos públicos –de acuerdo al número de votos obtenidos- y comenzó a regir una regulación a las donaciones. En ella se establece que es posible donar dinero en forma anónima para las campañas (menos de 20 UF, directamente al candidato), reservada (más de 20 UF, a través del Servel, pero sin revelar su identidad) o de manera pública. Y fue bajo esta modalidad en que Sebastián Piñera adquirió, según lo declarado, la mayor parte de su financiamiento.
Este año la carrera presidencial ha estado ineludiblemente marcada por este aspecto, no sólo por las interpelaciones directas que se han hecho los candidatos para transparentar el monto de sus gastos, sino también porque en un escenario tan reñido, mayores recursos de campaña implicaría obtener ventaja sobre los otros.
Es por eso que durante su primer debate televisado, el independiente Marco Enríquez Ominami emplazó a sus contendores a transparentar sus gastos electorales. Esto bajo la premisa que dos de ellos, Sebastián Piñera y Eduardo Frei son dos importantes empresarios.
Según lo informado en sus propias páginas webs, entre los cuatro aspirantes a La Moneda se han invertido más de mil 800 millones de pesos por concepto de campaña electoral. Todo antes de que comenzara el periodo legal de inicio de ellas.
En este sentido, Sebastián Piñera, reconoció un gasto de $419 millones hasta el 13 de septiembre; Eduardo Frei, $921 millones hasta el 31 de octubre, Jorge Arrate $150 millones mientras que Marco Enríquez-Ominami declaró un poco más de 200 millones por el periodo de junio, julio y agosto.
Este año el Servel fijó el límite en $ 5.086.797.265 millones y ha de esperarse que, como se han presentado las cosas hasta el momento, los postulantes no tengan problemas en acercarse a la cifra.
En el caso de los parlamentarios sus gastos por este concepto están fijados por región y los montos van desde los 60 millones en Atacama a los más de 150 en la Metropolitana.
Dinero que se utilizará en la franja televisiva que ya comenzó y en un sin número de letreros, rayados, volantes y artículos de publicidad que, una vez pasado el 13 de diciembre, quedarán en el anecdotario de las elecciones en el país y, por cierto, en el basurero.
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