Son unas veinte mil personas que se verán beneficiadas con la decisión del Parlamento de postergar el plazo para el pago de las deudas habitacionales que tienen con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y la banca.

Sin embargo, para el dirigente de ANDHA-Chile, Eduardo Leiva, esto no es la solución a un problema de fondo ya que la deuda sólo se posterga en el tiempo y finalmente será tema el próximo año.

“Hay que solucionarlo de fondo y no de forma. Hay que terminar con la deuda, sacando de la cartera hipotecaria a los enfermos catastróficos, a la tercera edad, a la gente indigente bajo la línea de la pobreza y repactar la deuda y pagar lo que es justo. No estamos de acuerdo, más allá que puede ser un alivio temporal, no estoy diciendo que no sirve, pero no resuelve el problema de fondo que es el tema de los deudores habitacional y el tema más de fondo que es el cambio en la política habitacional”, sostuvo Leiva.

El dirigente explicó que la actual política habitacional se basa en entregar beneficios y franquicias a las empresas privadas constructoras de viviendas, sin asumir así el Estado su responsabilidad con el derecho básico a que cada familia pueda desarrollarse en una vivienda digna, subrayó.

Leiva recordó además el mensaje entregado el 21 de mayo de 2006 por la Presidenta Michelle Bachelet cuando anunció que se debía condonar las deudas hipotecarias de los sectores más vulnerables, lo que generó una gran expectativa en miles de personas que están en esa situación.

“Ella se comprometió a un tema que yo recuerdo: solución a lo más vulnerables, independiente del decreto. Eso  a punto de terminar su mandato no ha sucedido, no ha salido nadie de la cartera hipotecaria más vulnerable, ninguno, ni siquiera uno. Ella le mintió no solo a los deudores, le mintió al país”, recalcó el dirigente.

Eduardo Leiva, dirigente de los deudores habitacionales organizados en ANDHA Chile, afirmó que el problema de fondo es finalmente la condonación de las morosidades para quienes están en los sectores más vulnerables, exigencia que presentaron a través de una carta a todos los candidatos presidenciales y que esperan se aplique a partir de marzo de 2010.