El organismo detectó cerca de 9 mil millones de pesos con problemas de rendiciones o ejecución, lo que fue calificado por el ministro como un “cúmulo desorden” y llamó a una licitación para auditar el organismo. Los funcionarios exigen la salida de las autoridades responsables.

Como la constatación de un gran desorden al interior de la entidad, calificó el ministro coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, el informe de la Contraloría General sobre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) que habla de casi 9 mil millones de pesos sin rendir.

Después de recabar más antecedentes durante la mañana de ayer y conocer a fondo el dictamen del organismo que dirige Ramiro Mendoza, Viera Gallo afirmó que este documento comprueba la necesidad de intervenir a fondo el organismo encargado de las políticas indígenas en el país.

“Lo que da a conocer la Contraloría es un cúmulo de desorden, no sabemos si hay irregularidades, esperemos que no. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante para poner orden, para que en un plazo breve la institución y el proyecto Orígenes con el BID se ajusten a los parámetros del derechos administrativo chileno”, informó. 

Para eso, se presentó a licitación pública la auditoría externa que se determinó se debe realizar a la Conadi, ya que a juicio de Viera Gallo el trabajo de los propios mecanismos internos es demasiado lento para dar cuenta a la brevedad de la magnitud de las irregularidades.

Además, afirmó el ministro encargado de Asuntos Indígenas, de ser necesario se presentarán los antecedentes que constituyan delitos a los tribunales correspondientes.

“Si en  el trabajo que hace la consultora o en el trabajo interno que hará en señor Marco hubiera el conocimiento o la sospecha de que se ha cometido algún delito, eso será puesto, como corresponde, en conocimiento del Ministerio Público”, dijo.

Viera Gallo informó también que la Presidenta Michelle Bachelet designó a Gustavo Marco para que revise, junto al director de la Conadi, Álvaro Marifil, todos los procedimientos de traspaso de fondos a las comunidades a través del Programa Orígenes, así como a terceros que a veces ejecutan los proyectos del cuestionado organismo.

Esto no perjudicará la compra de tierras para otras comunidades mientras dure la investigación encargada a una auditora externa, que se espera en el gobierno tome como máximo unos dos meses desde la adjudicación de la licitación que se hizo pública ayer.

Funcionarios de Conadi exigen salida de autoridades

Luego que ayer se conocieran el informe de la Contraloría y el paquete de 27 medidas que le ordenó a la Conadi, Manuel Namuncura, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de esa institución recordó que con anterioridad solicitaron que se reorganizara y que las autoridades involucradas en irregularidades fueran reemplazadas.

“Nosotros que estuvimos en la comisión investigadora, queremos que haya una revisión de los directivos, que son los grandes responsables de la crisis institucional y, por otro lado, que el Congreso pueda asumir el tema creando una institución más grande, porque con lo que tenemos, estos subdirectorios, el gobierno que haya va a guatear, porque son préstamos que ameritan tener una institución con auditorías, con unidades fiscalizadoras. Y así como están las cosas, se advierten situaciones, disfunciones que afectan la gestión y la transparencia” señaló Namuncura.

El dirigente de los trabajadores agregó que están atentos al proceso que sigue la comisión investigadora sobre la Corporación en la Cámara de Diputados.

La Contraloría ordenó a la Conadi reforzar el control en el uso de fondos, acelerar la rendición de los proyectos, enmendar las anomalías detectadas y realizar visitas a terreno para comprobar que se estén desarrollando las iniciativas.