Hace algún tiempo que distintos actores sociales han llamado la atención respecto de la precariedad de los trabajadores de temporada que se ve reflejada, en especial, en las mujeres. Este grupo es el que compone mayoritariamente este tipo de empleo y el que ha tenido que cargar con las nefastas consecuencias de una labor que, en la actualidad, no cuenta con una regulación suficiente.

Las principales denuncias apuntan hacia un trato explotador de parte de los empleadores y los daños irreversibles a la salud que puede provocar la manipulación de elementos químicos propios de su oficio.

Jaqcueline Hernández es trabajadora de San Clemente y es una de las voces que grafican este problema y que representan la lucha, la emoción y el dolor de miles de personas que sienten vulnerados sus derechos por ser trabajadores y trabajadoras agrícolas de temporada.

“Esperamos que junto a las autoridades que entienden estos temas podamos llegar a hacer justicia para que así los empresarios dejen de abusar con la gente, ya que esa es una realidad que se presenta todos los días y que no disminuye”, comenta Jaqueline.

Por lo mismo, María Elena Rozas, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, hizo un llamado a detener esta dramática realidad que afecta, directamente, a los hijos e hijas de estos trabajadores.

“Hay plaguicidas que afectan los sistemas inmunológico, nervioso y reproductivo. Sin embargo, el peor efecto es el teratogénico, que se expresa en malas formaciones congénitas. Ese es el caso de Evelyn Maturana, la niña símbolo de los plaguicidas, que grafica el calvario de estas situaciones”, afirmó Rozas.

Sin embargo, existen una serie de asociaciones que están al tanto de esta situación y que estudian la forma de mejorar las políticas en este sentido. Es así como la Asociación Nacional de mujeres rurales e indígenas (Anamuri) organizó un seminario donde se dio a conocer la creación de un Tribunal Ético, que tendrá algo que decir en estos temas.

Esta magistratura está conformada por diversos profesionales, entre los que se incluyen, María Ester Feres, abogada y directora del Centro de Estudios y Asesorías en Trabajo, Relaciones Laborales y Diálogo Social; monseñor Alfonso Baeza; Mireya Baltra, ex ministra de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Salvador Allende y Lorena Fríes, directora de la Corporación Humanas.

Alicia Muñoz Toledo, presidenta  de Anamuri, expresó su esperanza ante el trabajo que pueda realizar esta instancia ante casos fatales.

“Este es un tribunal ético en donde queremos buscar justicia. Estamos aquí para testimoniar y decir que no queremos más violencia contra las mujeres. Repudiamos todas las acciones agresoras y confirmamos nuestro compromiso para garantizar que estos crímenes no se vuelvan a repetir ni vayan quedando en la impunidad”, sentenció Muñoz.

Dos de los casos que se presentaron a este tribunal son de Cecilia Ortiz de la ciudad de Copiapó, cuya muerte se presume fue producto de la inhalación de amoniaco y el segundo de Victoria Muñoz de San Clemente, cuyo deceso se provocó por una caída desde una escalera en su lugar de trabajo.

Acontecimientos que están respaldados por las investigaciones de entidades como el Centro de Estudios de la Mujer (Cedem) que dan un panorama más acabado sobre la condiciones socio-laborales del sector rural.

“El 90 por ciento del empleo que hay en Coltauco es en la agricultura de exportación, en especial de la fruta. Es una comuna de población rural. Este estudio fue solicitado por la Seremi de Salud de O´higgins en el marco de la primera encuesta de salud y trabajo que se está realizando en el país. Y pese a que hay gritos y voces como las de Anamuri que vienen hace años atrás vinculando estos dos aspectos, recién este año se está haciendo una acción que permita relacionar condicionantes laborales en la calidad de vida de las personas”, precisó Ana Caro, trabajadora social del Cedem.

Con la creación del Tribunal se hizo además un llamado a seguir trabajando fuertemente en la cooperación a nivel latinoamericano para superar estos temas, donde participaron países como Uruguay, Brasil, Guatemala y algunos del continente africano.