El Comité Pro Puente de Chiloé presentó un recurso de protección en contra del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, y otras autoridades de la cartera, debido a supuestas irregularidades en el proceso de licitación del puente sobre el Canal de Chacao, que calificaron como inconstitucional.
 
El Comité Pro Puente de Chiloé presentó un recurso de protección en contra del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, y otras autoridades de la cartera, debido a supuestas irregularidades en el proceso de licitación del puente sobre el Canal de Chacao.
 
Según denunció el abogado de la organización, Jaime Moraga, el proceso que se lleva a cabo es ilegal e inconstitucional, puesto que afectaría las expectativas de desarrollo y crecimiento de la sociedad chilota.
 
Además, el representante indicó que con la decisión de entregar a un sólo operador la exclusividad en el transporte y en el uso del sistema de rampas en el Canal de Chacao, se infringen normas como la Ley de Cabotaje y la Ley de Navegación.
 
“Ese tipo de conducta atenta contra la libre competencia y pone en grave riesgo la sustentabilidad del desarrollo de Chiloé .Si se adjudica a un oferente, los operadores que existen en la actualidad van a cesar inmediatamente sus funciones, existiendo un plazo de dos años en los que no habrá alguien para realizar esos servicios en la zona. Por eso presentamos un recurso de protección para que la Corte de Apelaciones de Santiago proceda a paralizar ese acontecimiento por ser inconstitucional”, precisó Moraga.
 
Por su parte, Selim Barría, presidente del Comité Pro Puente de Chiloé, sostuvo que el recurso busca asegurar la igualdad para todos los chilenos a través de la integración de quienes viven apartados del resto del país.
 
“Queremos hacer valer nuestros derechos. No pueden haber chilenos de primera o de segunda clase y entendemos que este proyecto, junto al peaje que se quiere instalar va ir en perjuicio directo de los chilotes”, comentó Barría.
 
Los dirigentes indicaron que el proyecto ha sido oscuro y dudoso desde el principio, por lo que continuarán realizando acciones legales para impedir el actual sistema de licitación, que consideran arbitrario.