El Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, confirmó que el gobierno presentará 23 querellas por delitos de lesa humanidad en casos de ejecutados políticos durante la dictadura.
 
Es la primera vez que La Moneda emprende este tipo de acciones judiciales y lo hace aprovechando la nueva facultad adquirida por el programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior luego de la entrada en vigencia de la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos y también, según indicó Rosende, haciendo uso de las garantías que dio el nuevo presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, quien aseguró que se dará prioridad a todos los casos de derechos humanos.
 
“Si alguien necesita saber la verdad sobre los hechos terribles que marcaron nuestra historia reciente, el programa tiene la facultades expresas para iniciar acciones judiciales en caso de homicidio o de ejecuciones sumarias. Vamos a actuar con esas facultades para lograr el objetivo que hemos perseguido siempre, que es esclarecer la verdad completa de los hechos que ocurrieron durante el gobierno militar en Chile”, aseguró la autoridad.
 
Según afirmó Rosende, quien es el encargado de presentar las querellas, dentro de los 23 recursos judiciales, hay algunos emblemáticos como la matanza de la Vega Monumental de Concepción en 1984, donde murieron los tres dirigentes miristas Nelson Herrera Riveros, Mario Lagos Rodríguez y Luciano Aedo Arias, además de otros casos en regiones.
 
 
Las facultades del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior están establecidas en la ley, pese a que la iniciativa funciona gracias a un decreto supremo que podría ser eliminado en un próximo mandato.
 
Ante esto, el subsecretario afirmó que la necesidad de establecer la verdad es un deber ético, por lo que cada quien responderá por sus propias responsabilidades.
 
En tanto, la secretaria general de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, valoró las acciones que emprende el gobierno, aunque consideró que se trata de una medida tardía, pues llega después de más de 20 años de lucha.
 
Lira destacó que esta posibilidad beneficiará a muchos familiares que nunca tuvieron los recursos para acudir a la justicia o que en su momento tuvieron miedo de hacerlo.
 
“Para nosotros es un avance importante que hoy un presidente de la Corte Suprema como Milton Juica, nos de credibilidad y la garantía de que realmente están aplicando justicia. Es una señal para que realmente se conozca la verdad de los miles de casos sobre los que aún no se tiene claridad”, comentó.
 
Alicia Lira además pidió que el Estado aplique las condenas de manera efectiva y no usando la figura de la media prescripción con penas remitidas, que hasta hoy se ha hecho común y llamó a todos quienes se vieron afectados por este tipo de vejaciones a acudir a la organización.
 
Mientras, desde el gobierno afirmaron que estas 23 querellas serán las primeras de una serie de acciones que se harán y subrayaron que esta medida no está siendo utilizada con fines electorales.