El Consejo Ecológico Puchuncaví – Quintero, reveló que es sabido que la Corema regional tiene en tabla aprobar el proyecto en el máximo secretismo y añadió que se ser así se estaría cometiendo un nuevo acto de ilegalidad  a lo que responderán con una oposición firme a la instalación de la termoeléctrica.

La construcción  del proyecto termoeléctrico de Campiche tiene una nueva piedra de tope: El Concejo Municipal rechazó el decreto del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permitía continuar adelante con la central avaluada en 500 millones de dólares.

Ante la pronta reunión de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), donde se decidiría el futuro de la central, la Municipalidad de Puchuncaví tomó cartas en el asunto. Por unanimidad se acordó la inaplicabilidad de la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que modificaba el uso de suelo permitiendo que se utilizara el porcentaje minoritario del 33% del suelo dedicado “a la industria peligrosa” sobre un 67% de “área verde”.

Esta ordenanza fue muy criticada, ya que habría sido una fórmula hecha “a la medida” por la titular del Minvu, Patricia Poblete y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien antes asegurara que haría todo lo posible por destrabar Campiche, central paralizada desde mediados del 2009.

Si bien hoy los vecinos celebran, lo más probable es que la compañía no se quede con los brazos cruzados. La misma reunión de la Corema podría ser una instancia que permita continuar con las obras.

En este contexto, Ricardo Correa, vocero del Consejo Ecológico Puchancaví-Quintero, reveló que es sabido que la Corema tiene en tabla aprobar el proyecto en el máximo secretismo de la región.

"Se reúne la Corema y tiene en tabla aprobar el proyecto Campiche en el máximo secretismo de la región, ya que, en el expediente al leerlo se va a encontrar hasta el 18 de enero y después de eso han habido múltiples informes que no son conocidos por la comunidad y que se mantienen en la oscuridad por lo que estamos muy molestos con la Corema regional. En consecuencia una vez más los mismos que han estado fuera del estado de derecho son los que hoy se alzan tratando de aprobar un proyecto. Realmente la comunidad se pregunta cuáles son los compromisos que tienen estas autoridades al momento de irse con la empresa transnacional, la carbonera AES Gener", indicó Correa.

En el pasado la empresa hizo efectivo el derecho que le daba la ordenanza para retomar las obras durante este periodo, por lo que Aes Gener podría discutir si la prohibición emanada desde el municipio es aplicable sobre una resolución positiva de la Corema.

Frente a esta situación, Correa señaló  que “aunque seguramente el propio intendente alegue al respecto, la decisión ya está tomada. Y es completamente legal”, y añadió  que el propio decreto contiene un acápite que confiere al alcalde la decisión final de aplicarlo o no.

Además advirtió que si la Corema llegara a aprobar Campiche estaría cometiendo un nuevo acto de ilegalidad y de ser así se van a enfrentar al Consejo Ecológico, el que se opondrá firmemente a la instalación de la termoeléctrica.

"Si es que hacen un acto así estarían cometiendo otra nueva ilegalidad por parte de la Corema de Valparaíso que se encuentra sumariada por parte de la Contraloría General de la República por este mismo caso, por lo tanto, si la Corema lo hace se va a encontrar con las comunidades del Consejo Ecológico que adoptarán todas las acciones en contra de este proyecto que no vamos a dejar que se instale en este lugar. Estamos en alerta ambiental porque no vamos a dejar por ningún motivo que está carbonera se emplace aquí y vamos a adoptar todas las medidas que sean necesarias, porque si es que se ha vulnerado el estado de derecho las comunidades también tienen derecho a vulnerarlo", señaló el dirigente.

Entre otros recursos que han interpuesto los vecinos se encuentra la modificación del plano regulador, una vía más larga que requiere la aprobación del Seremi de Vivienda, además de un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En este sentido, otros movimientos ciudadanos solidarizan con la situación de los vecinos de Campiche, proyecto que además tiene restricciones por asentamientos de personas, las que se ubican a menos de 98 metros de la industria.  

Luis Mariano Rendón, coordinador del  movimiento Acción Ecológica, señaló que es necesario respetar la normativa de planificación territorial y urbana ya que muchas veces se construye al margen de la ley y después los particulares se desligan de estas irregularidades.

"Debería en algún momento comenzar a haber respeto por la normativa de planificación territorial, por la normativa urbana del país. Por desgracia podemos ver en muchas otras zonas como se construye completamente al margen de la ley y después los particulares se amparan en el argumento de que ya tienen derechos adquiridos aunque el permiso estuviera viciado, pero mala suerte. Cuando algo se construye al margen de la ley causándole costos a la comunidad debe ser demolido y en este tenemos que avanzar en eso. Si es que allí se hizo algo en contra de la ley debería demolerse, pues algún día en Chile tiene que respetarse la normativa territorial",  explicó el ecologista.           

Por su parte, al ser consultada la empresa respondió que aún no tienen todos los antecedentes por lo que no se referirían al tema.   

El proceso contó  con otras irregularidades: se tramitó con un plano regulador que no existía, el proyecto no tenía depósito de cenizas, afectaba gravemente la vida marina y no se habían realizado las publicaciones y notificaciones a la comunidad.

Estas irregularidades aún no han sido zanjadas a través de un nuevo proceso de calificación ambiental, lo que vulnera la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.