El director de la fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman,  señaló que el acuerdo que adoptó la Corema no produce efecto porque estos se deben materializar a través de actos administrativos. El alcalde de Puchuncaví dijo que se estudian las acciones legales para impedir el funcionamiento de la termoeléctrica

En la tercera sesión del 2010 de la Comisión Regional de Medio Ambiente de Valparaíso (Corema) se aprobó el estudio ambiental de la central termoeléctrica Campiche, de la empresa AES Gener, pese a la fuerte oposición de los vecinos de la zona y grupos ambientalistas.

En el salón Esmeralda de la Intendencia Regional se aprobó la calificación ambiental  del proyecto con once votos a favor y uno en contra, decisión que se toma el mismo día que es publicado en el Diario Oficial el rechazo unánime que el Concejo Municipal de comuna de Puchuncaví diera a las modificaciones a la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones propuesta por los ministros del Interior y de la Vivienda y que permitiría reanudar la construcción de Campiche.

La decisión de la Corema generó inmediata reacción de las autoridades: la alcaldesa subrogante de Puchuncaví, Eliana Omos, lamentó la luz verde otorgada al proyecto que perjudica catorce mil habitantes de la zona; mientras, el intendente Iván de la Maza aseguró que el proyecto cumple con todas las normativas.

Patricio Herman, director de la fundación Defendamos la Ciudad, señaló que el acuerdo que tomó la Corema no tendría validez y añadió que, tanto el intendente como quienes aprobaron la calificación, deberían renunciar.

"El acuerdo que adoptó la Corema no produce efecto porque los acuerdos se tienen que materializar a través de actos administrativos y se tiene que publicar en el Diario Oficial, por lo tanto, lo que hizo el intendente de Valparaíso con sus obedientes soldados de la causa no tiene ningún valor. Me parece una burla. Si Chile fuera un país normal la Presidenta de la República ante este bochorno debiera pedirle la renuncia al señor De la Maza. Más aún, todos los funcionarios que han votado a favor y conforman la Corema también debieran renunciar por incompetentes", indicó el dirigente ciudadano.

El vocero del consejo, Ricardo Correa, señaló que la tramitación en la Corema presenta varias irregularidades y omisiones, por lo que se falta a las normas que regulan el proceso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y añadió que para esta resolución no se creó un nuevo expediente de evaluación ambiental trabajando sobre un expediente irregular y cuyo plazo había caducado.

"La resolución que ha tomado la Corema no está de acuerdo a la normativa por lo que estamos perplejos porque no tiene eficacia legal ninguna. No es ningún expediente de evaluación, es una cosa absolutamente irregular. No es que se hayan caducado los permisos ambientales, sino que además el expediente había caducado por exceder con creces su plazo, es decir, el hecho de haber iniciado el trámite en ese expediente constituye la primera irregularidad y abierta ilegalidad, por lo tanto, todo lo que viene después son procedimientos viciados. Así la resolución del intendente carece de todo valor jurídico", explicó Correa.

Por su parte, la directora regional de Conama, Karina Francis, señaló que cuando la Corte de apelaciones de Valparaíso acogió el recurso presentado por los vecinos, dejó sin efecto sólo la resolución de calificación ambiental y aclaró que no se generó una nueva evaluación ambiental para continuar con el proceso.

"Lo que sucede es que el proyecto cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección que presentaron los ciudadanos de Puchuncaví dejo sin efecto la resolución de calificación ambiental solamente, objetando en ese momento la normativa relacionada con el emplazamiento del proyecto, por lo tanto, el proceso no retrocede hasta el inicio, no se hace una nueva evaluación ambiental con todos los servicios competentes, sino que se hace en tanto normativa de emplazamiento", señaló Francis.  

Pese al traspié en la Corema, el alcalde de Puchuncaví señaló que, junto a la comunidad, estudian las acciones legales para impedir el funcionamiento de la termoeléctrica avaluada en 500 millones de dólares, que se emplaza  a menos de 98 metros de la comunidad y que además está ubicada en una zona  declarada “saturada de material particulado” desde 1993.