La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) manifestó que el alza transitoria de impuestos a las grandes compañías que está analizando el gobierno para financiar la reconstrucción no sería viable de acuerdo a las holguras fiscales y a la buena capacidad de endeudamiento externo y local que tiene el tesoro público.

El presidente del gremio de los industriales, Andrés Concha, advirtió que sólo en una situación muy extrema el incremento de la carga impositiva podría justificarse como método para asumir el proceso de reconstrucción, y agregó que una medida de este tipo podría desincentivar los proyectos de inversión de mediano plazo.

Sin embargo, el dirigente aclaró que la Sofofa espera que el ministerio de Hacienda entregue un informe más detallado sobre los costos reales que tendrá esta catástrofe para así dar una opinión más acabada sobre este asunto.

“Pensamos que efectivamente las capacidades que tiene el Estado de Chile para enfrentar los desafíos del financiamiento de la reconstrucción aparecen como eficientes y, en ese sentido, no sería necesario aplicar impuestos. Sin embargo, el ministerio de Hacienda ha hecho mención a consideraciones de equilibrio macroeconómico. Nosotros sobre ese tema preferiríamos opinar una vez que tengamos todos los antecedentes sobre la mesa”, aseguró Concha.

Otra de las maniobras financieras que estudia el Ejecutivo para costear el proceso de reedificación sería la venta de las acciones que tiene el fisco en algunas empresas que en su momento fueron cien por ciento estatales y que hoy son controladas por agentes privados.

Respecto de esto último, el domingo el Presidente, Sebastián Piñera, dejó abierta dicha posibilidad, pero descartó que entidades como Codelco y Enap pasen a manos de privados en medio de esta coyuntura.

Según BCI Corredores de Bolsa, una alternativa que podría tener el Estado para financiar los costos del terremoto sería vender la participación que posee en seis empresas que se transan en el mercado financiero local.

De hacerlo, el fisco podría levantar más de tres mil millones de dólares, monto basado en la actual capitalización bursátil de Ferrocarriles del Pacífico (Fepasa) -filial de EFE-, Empresa Nacional del Carbón (Enacar); las sanitarias Aguas Andinas, Esval y Essbio, y la Zona Franca de Iquique (Zofri), todas éstas administradas por Corfo.

En ese plano, el presidente de la Sofofa se mostró partidario de que el Estado  liquide su participación accionaria en las empresas sanitarias que fueron privatizadas durante la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mientras que sobre el ingreso de capitales privados a Codelco dijo que esto será parte de una discusión más de fondo para el sistema político.

“Evidentemente eso daría espacio a una discusión muy larga. Nosotros vemos que aún cuando fuese conveniente hacerlo en la economía política va a tomar mucho tiempo antes que haya un gran consenso para poder respaldar una reforma constitucional. Sin embargo, el otro tipo de activos son instrumentos que perfectamente pueden contribuir a financiar las demandas de caja que está teniendo el fisco para enfrentar este proceso de reconstrucción”, aseveró el empresario.

Quien manifestó su rechazo categórico a una iniciativa de esta naturaleza fue el vicepresidente del Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo (Cenda), Manuel Riesco, señalando que la prioridad para obtener los recursos de la reconstrucción debería ser aumento del royalty a las grandes mineras.

“Llega un gobierno de derecha e inmediatamente comienzan a vender activos del Estado. Es una lástima, porque hay que acordarse, por ejemplo, que las propiedades que está vendiendo el propio Presidente de la República, eran activos del Estado. Lan Chile era una empresa del Estado y hoy está en manos privadas. Todo esto de privatizar y vender los activos del Estado es para que los compren sectores de grandes ingresos.  Lo que hay que hacer es que efectivamente expresen solidaridad y las primeras que deben hacerlo son las mineras, las que se llevan treinta mil millones de dólares en utilidades en un año”, dijo Riesco.

Con todo, el esquema de financiamiento que está analizando el gobierno de Sebastián Piñera para financiar el proceso de reconstrucción – el que según Hacienda costaría treinta mil millones de dólares – incluye la posible alza de la carga tributaria, la utilización de los ahorros fiscales depositados en el exterior, el endeudamiento internacional y local y ahora se suma la opción de privatizar empresas del estado, o parte ellas mismas.