La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió la denuncia interpuesta por la jueza Karen Atala, por el fallo de la Corte Suprema que en 2004 quitó la tuición de sus hijas, basándose en el supuesto perjuicio al bien superior de las menores debido a la convivencia de la madre con su pareja lésbica.

Ante esto el organismo recomendó al Estado de Chile: La adopción de una legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia.

La CIDH también recomienda reparar integralmente a Karen Atala y a sus hijas, por las violaciones de sus derechos humanos establecidas en el informe.

La denuncia ante la entidad fue presentada en noviembre de 2004, alegando violación de varios derechos y exigiendo reformas legislativas y políticas públicas para evitar nuevos casos.