La historia de Gabriela Califul frente a un ataque policial a su casa es una historia frecuente al sur del país.

Estos últimos días se han producido complejas detenciones de menores de edad del pueblo mapuche, como la de Vania Queipul hija del lonko Víctor Queipul, de 15 años, quien fue sacada de su internado, acusada de supuestos delitos terroristas, o la Luis Marileo Cariqueo, de 17 años, detenido en situaciones similares.

Fernando Lira, presidente de la ONG Liberar señaló que actualmente existe una tendencia a amedrentar a los niños y jóvenes mapuche que está dejando fuertes marcas en la sociedad.

“Ellos están asustados, ven un Carabinero y se orinan solos. Han bajando el rendimiento en el colegio, hay un daño psicosocial muy fuerte y esto es una cosa de todos los días, no se trata de casos aislados, sino que es una acción sistemática, parte del trabajo de desmoralización que hacen los aparatos policiales”, sostuvo.

Lira afirmó que esto viola todos los derechos establecidos, ya que estos menores no tienen una educación continua, ni una alimentación y salud adecuadas, y además están sicológicamente amedrentados.

En este contexto, la organización Mapuche Meli Wixan Mapu, acudió a la UNICEF a manifestar su rechazo ante lo que califican como una escalada de violencia y terrorismo de Estado.

La agrupación solicitó también más apoyo de esta entidad de las Naciones Unidas, para evitar que el gobierno siga discriminando racialmente a los niños al criminalizar y encarcelar a los menores.

“Chile ha ratificado la convención de los derechos de los niños y está obligado a respetar esas garantías, sobre todo de los niños mapuches porque además está rigiendo el Convenio 169 de la OIT. El Estado no puede hacer oídos sordos ni aplicar una violencia racial, la represión ha caído fuerte sobre los niños y eso es lo que estamos denunciando”, dijeron.

Estas detenciones se realizaron utilizando procedimientos policiales no apropiados para menores de edad, sin contar el maltrato físico y psicológico al que fueron sometidos.

En este sentido destaca el caso de Leonardo Quijón, de 17 años, quien podría pasar su juventud tras las rejas, ya que el ministerio público solicitó la pena máxima permitida por la ley de responsabilidad penal adolescente que es de diez años en régimen cerrado.

Frente a esta situación, la sicóloga de UNICEF, Soledad Larraín, señaló que “Toda la experiencia de privación de libertad en este caso es especialmente grave porque coarta el derecho de vivir en familia. Eso genera inseguridad y situaciones angustiosas. Tenerlos privados de libertad afecta el proceso de desarrollo en un momento relevante”.

La sicóloga añadió que en este momento, se suman las huellas emocionales que dejó el terremoto, produciendo una tremenda angustia y ansiedad en los niños separados de su comunidad.

En este sentido, Soledad Larraín hizo hincapié en analizar medidas alternativas, como la libertad asistida, las que deben ser legitimadas ante la opinión pública para reducir los niveles impacto y daño.

Por otro lado, todas las organizaciones de derechos humanos y del menor con las que conversamos apuntaron a poner una especial atención en el criterio de los organismos del Estado al efectuar estas reclusiones, que de no estar realmente justificadas, se transforman en un abuso directo a la ciudadanía.