“El nuevo gobierno continúa con las mismas actitudes represivas contra el pueblo Mapuche, criminalizando sus demandas y endiosando la represión”, es la conclusión que expresó en una carta la familia de Matías Catrileo Quezada.

El próximo miércoles 19 de mayo en la Corte Marcial de Santiago se verá la apelación de la familia Catrileo Quezada al fallo del juez militar de Valdivia, que sentenció a firmar durante 24 meses al cabo de las fuerzas especiales GOPE de Carabineros Walter Ramírez, por el homicidio de Matías Catrileo el 3 de enero de 2008.

El fiscal militar, después de una investigación de más de 18 meses, encontró culpable al carabinero Walter Ramírez por violencia innecesaria con resultado de muerte, solicitando al tribunal Militar de Valdivia un castigo de 10 años de cárcel. Si bien el juez,  general de Ejército Eleuterio Ramírez, acogió la tesis, el pasado 15 de enero disminuyó la sentencia de 10 años de cárcel a una pena remitida con firma durante 2 años.

Jaime Madariaga, abogado de la familia Catrileo Quezada, manifestó que tienen todos los argumentos para modificar la pena, apelación que presentarán el próximo 19 de este mes.

“Se aplicó un atenuante que rige solamente cuando la víctima está detenida, pero Matías nunca estuvo detenido o preso. A él se le disparó por la espalda y se aplicó esa atenuante que se usaba mucho en dictadura, que se llamaba Ley de Fuga: a personas que estaban detenidas se les decía que quedaban en libertad, se les asesinaba por la espalda y después se decía que habían intentado fugarse. Esa atenuante aplicó el juez militar en favor del asesino de Matías. Es evidente que eso es un error, un abuso y estamos seguros que se va a corregir”, indicó el profesional.

En este sentido, la familia repudió la impunidad de los crímenes cometidos por Carabineros de Chile contra los jóvenes mapuches Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío y Matías Catrileo, además de rechazar la persecución, tortura y encarcelamiento de los comuneros mapuches por parte del Estado. Asimimo, denunciaron la utilización de los testigos sin rostro, la aplicación de la ley antiterrorista y el ultraje a mujeres y niños mapuches.

“No podemos tolerar que a los mapuches se le estén maltratando de esa manera. Si un mapuche mata a un carabinero es considerado terrorismo, lo juzgan, lo pre juzgan, pero no es así cuando se atenta contra los mapuches. Me parece bien la apelación de la familia, porque es un derecho y el Estado tiene que hacerse cargo del homicidio que ha efectuado en contra de un mapuche que además estaba en reivindicación de tierras. Creo que es muy justo que la familia siga en ese sentido, también que de parte de la comunidad de Temocuicui le rindamos a la familia y esa es la posición también de nuestra comunidad”, indicó Jorge Huenchullán, werkén de la Comunidad Temocuicui.

A propósito de esta reivindicación, el abogado del Observatorio Ciudadano, Blas Pantel, señaló que al revisar los ejes de la “nueva política indígena” se advierte un retroceso en materia de derechos, en los que identifica un enfoque claramente basado en la productividad y la integración de los pueblos a la economía de mercado y una política indigenista, con la clara voluntad de consolidar el llamado Estado-Nación, el que desde su conformación sigue estando en proceso de construcción permanente, pero excluyente.

En este escenario, las recomendaciones del año pasado sobre la relación entre el Estado y las comunidades originarias que realizaron organismos internacionales de derechos humanos tampoco han tenido impacto, por ejemplo en mejorar la aplicación de la consulta indígena.