Las denuncias en contra de ex párroco de la Iglesia de El Bosque de Providencia, Fernando Karadima,  por presuntos abusos sexuales han llevado al máximo la tensión que vive la Iglesia Católica respecto de la pedofilia.  Un sacerdote ampliamente reconocido y con importantes vinculaciones en las altas esferas eclesiásticas locales vino a saturar un tema que no deja de causar escándalo en Chile y el mundo.

No es un problema de católicos sino que de toda una sociedad que no soporta más la extrema dulzura con que la Iglesia Católica ha manejado el tema desde siempre. Increíble que el año 2001, se haya cambiado de un plumazo toda la jurisprudencia canónica incluyendo la figura de la prescripción para el delito de la pedofilia dejándola  sólo en 10 años. De aquí que unas de las aristas más polémicas del Caso Karadima sea, precisamente, ésta, que por haberse cumplido el plazo, la acción de los hasta ahora, 15 denunciantes haya extinguido y con ello, toda posibilidad de procesar y condenar al sacerdote por el derecho canónico, que por cierto, no es el mismo que el derecho penal, que lo juzgaría en su calidad de persona natural.

Los desaciertos de la Iglesia Católica en el tratamiento del tema han sido la norma general, desde que el mismo Papa exhortara a lanzar la primera piedra “a quien estuviera libre de pecado” o luego, cuando el Cardenal Francisco Javier Errázuriz dijo que, “gracias a Dios, en Chile los casos son poquitos”. Esto es lo que teólogo Alvaro Ramis ha denominado El terremoto en la Iglesia Católica, como reza un artículo de su autoría publicado en Le Monde Diplomatique.

El caso Karadima es emblemático porque que ha puesto a una serie de sacerdotes que integran la alta jerarquía eclesiástica chilena en una abierta defensa del ex párroco. Todos ellos son  parte de una “pía unión sacerdotal”  fundada por Karadima. Según el teólogo Alvaro Ramis, “este tipo de grupos es bastante común en el mundo diocesano. Sin embargo, este grupo en especial, que incluye a cinco obispos y a otros sesenta sacerdotes de la Diócesis de Santiago, que ha estado bajo el liderazgo espiritual de Fernando Karadima se ha tensionado debido al abuso del poder de su mentor”.

En el caso del grupo del sacerdote Karadima  que integran, entre otros, los obispos Andrés Arteaga (Auxiliar de Santiago), Horacio Valenzuela (Talca), Juan Barros (Castrense), Tomislav Koljatic (Linares) y Felipe Bacarreza (Los Ángeles), se habría ido tejiendo toda una red de influencias externas de carácter familiar, económico y político que buscaba influir en diversos sectores, cuyos brazos se habrían relacionado incluso con “el grupo que asesinó al general Schneider, el año 1971, que era asiduo a la Parroquia del Sagrado Corazón y tenía, por lo tanto, una raíz similar, lo que se expresa en que uno de los abogados defensores de Karadima es el hermano de uno de los imputados en el crimen”, relata Ramis.

La tensión que se vive en la Iglesia chilena a raíz de estas denuncias puede producir mayores resistencias  que en otras latitudes debido a que “acá tiene un poder enorme a diferencia de otras naciones. Acá tiene no sólo un poder activo sino además un poder de veto, por ejemplo, en políticas públicas. El caso más claro es el de la persona encargada del programa de educación sexual durante el gobierno de Michelle Bachelet que fue vetada por un obispo, y por ello, terminó siendo destinada a investigación pedagógica y el programa no se implementó. Es un ejemplo de cómo la Iglesia sigue siendo un actor relevante, casi desproporcionado, en nuestra sociedad”, denuncia Alvaro Ramis.

Un estudio realizado por Criteria Reaserch establece que un 72 por ciento de los santiaguinos cree que el celibato voluntario disminuirían los abusos sexuales en la Iglesia, poniendo de manifiesto una relación entre ambos. “Históricamente, los abusos sexuales también se dan en espacios donde se fuerza el celibato, esto es la cárcel, el regimiento, el internado o el convento. El problema es que en los dos primeros, el sometimiento se ejerce por coacción y en la Iglesia, por libre albedrío y por una concepción sagrada del poder. De aquí que resulte difícil entender cómo una persona pueda someterse a una vejación sistemática, sin embargo  hay que entenderlo como que en algún momento el ropaje teológico de la obediencia está ligado a la idea de que quien dirige espiritualmente está vinculado con Dios, creando una dinámica de dependencia sicológica en la que se pierde la libre voluntad. Los testimonios en contra de Karadima son muy claros, puesto que dicen: ´El era Dios para mí. Yo no sabía qué hacer si él no me lo decía´”.

Para Ramis, lo peligroso que ha sucedido con las acusaciones de pedofilia es que se han dado en contra de una institución que no ha sabido procesarlas. “Aquí la acusación es que la Iglesia Católica amparó y cobijó a los acusados sin generar las condiciones para un juicio civil, y eso es lo grave. Esto se remonta al papado de Juan Pablo II que tuvo una mala práctica en términos institucionales, principalmente de parte de los cardenales Angelo Sodano y Darío Castellón, los dos grandes responsables de las prácticas de encubrimiento. Luego de la muerte de Juan Pablo II hubo una mayor apertura y se reconoció lo imposible de ocultar. Pero aún continúan las actitudes de encubrimiento y justificación. Por eso escandalizaron las palabras de Benedicto XVI tratando de reinterpretar el Tercer Milagro de Fátima en una clave de que la Iglesia estaría sufriendo, convirtiendo al victimario en víctima”, dice Ramis.

Una de las carencias fundamentales de la Iglesia Católica es su poca transparencia institucional. “¿Quiénes son los candidatos a Arzobispo de Santiago? No hay comunicado oficial, son sólo trascendidos. ¿Con qué pauta lo elegirá el Papa? No se sabe. Cualquier repartición pública tiene una OIRS, es decir, una Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, pero la Iglesia no la tiene. Hay un bajísimo estándar de transparencia en la Iglesia Católica que hace que el secretismo opere como norma y eso en una sociedad como la actual, es anacrónico”, concluye.