El primer mensaje al Congreso Nacional del Presidente Piñera el 21 de mayo pasado, como era previsible, generó reacciones en diversos sectores sociales y políticos.  Tras dos décadas de gobiernos de la Concertación, en el año del terremoto y del bicentenario, Piñera se esforzó por presentarse como un estadista de estatura.  En efecto, no obstante resaltar los déficits del pasado- por ejemplo, en materia económica y de lucha contra la delincuencia- reconoció los logros alcanzados por Chile en los últimos años al valorar su democracia “sólida y respetada”.  Rindió, además, un homenaje a los ex Presidentes de Chile aún vivos- todos ellos de la Concertación- y propuso una “nueva forma de gobernar” basada en la eficiencia, pero también en el diálogo, para proyectar a Chile hacia el futuro.

Más allá de las loas de sus adherentes, y de las críticas que dicho mensaje concitó en sectores opositores a su gobierno, las que en la mayoría de los casos parecen bastante sesgadas y no aportan mucho al debate, el mensaje debe ser analizado en profundidad, por cuanto traza el rumbo de la administración de Piñera para los próximos cuatro años. Los derechos humanos internacionalmente reconocidos y contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile constituyen una buena herramienta para efectuar este análisis.

En materia de política social, los anuncios presidenciales evidentemente han descolocado a la Concertación.  Ya sea por convicción o estrategia, Piñera mantiene, y en algunos casos profundiza, la política social de los gobiernos concertacionistas en áreas como previsión, salud, educación, salarios e incluso en protección de sindicación y las materias objeto de negociación colectiva.  Su objetivo declarado, al igual que lo sostenido por sus antecesores en la Moneda, es erradicar la pobreza y las desigualdades.  Piñera precisó, sin embargo, que se refiere a las  “desigualdades excesivas”, implícitamente tolerando las que no tienen tal carácter.  Fija como plazos concretos para el logro de estos objetivos el 2014, en el caso de la pobreza extrema, y el 2018 en el caso de la pobreza.

En materia económica, su norte es alcanzar el desarrollo económico, proponiendo para ello, en consonancia con su programa de gobierno, “una economía libre, competitiva y abierta al mundo”, cuya base sigue siendo la exportación de recursos naturales.  Así lo evidencia, claramente, al definir nuestra geografía como una “generosa en recursos naturales”.  La meta propuesta por Piñera es una tasa de 6% de crecimiento económico anual, para alcanzar en 8 años el ingreso per cápita de países como Portugal o la República Checa.  No se refiere Piñera  –salvo al hablar de la reducción de los gases invernadero que inciden en el cambio climático- a las implicancias que este modelo de crecimiento económico acelerado propuesto tiene para los recursos naturales y para las comunidades que en ellos habitan, más allá del discurso del respeto del medio ambiente que bien conocemos, y que como lo demuestran las investigaciones sobre el deterioro de los ecosistemas en  Chile, no pasan de la retórica.

Su propuesta para alcanzar dicho crecimiento sigue siendo, al igual que la de sus antecesores en La Moneda, el libre comercio centrado en las exportaciones.  Así Piñera da cuenta de los 56 tratados de libre comercio suscritos por el país a la fecha y de los tratados en perspectiva con Malasia y Vietnam,  así como del “exitoso modelo de desarrollo exportador” del país.

En contraste con estos énfasis, las referencias específicas a los derechos humanos en su mensaje son más exiguas.  Por de pronto, las políticas sociales, salvo excepciones como en el caso de la sindicación y negociación colectiva, no son entendidas como derechos sino más bien como parte de una política de contención de la pobreza.  Ello claramente desoye los compromisos internacionales que Chile ha contraído en la materia, al suscribir, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las referencias explícitas a los derechos humanos son aquellas que tratan sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, a la necesidad de avanzar en la verdad, justicia y reconciliación entre los chilenos, a la necesidad de adecuar las instituciones internas al derecho humanitario internacional, y a la difusión de estos derechos en la sociedad nacional.  A ello se agrega el anuncio realizado por Piñera en el sentido de remover las trabas para la pronta  puesta en marcha del Instituto de Derechos Humanos, entidad cuya materialización fue posible gracias a la lucha del movimiento de derechos humanos y que, por lo mismo, resulta valorable.

También se refiere a estos derechos al identificarlos junto al fortalecimiento de los tratados internacionales, a la solución pacífica de controversias,  la promoción de la democracia, la libre determinación de los pueblos y el combate al terrorismo y al narcotráfico, como uno de los pilares en que se sustentará la política exterior del Estado.

Sin referirse a ellos como derechos, son interesantes los anuncios que Piñera hace en su mensaje sobre el perfeccionamiento de la democracia, proponiendo entre otras medidas para hacerla más participativa, la inscripción automática y el voto voluntario, y el voto de los chilenos en el extranjero, aunque sujeto a una condición difícil de verificar como es la mantención del compromiso con el país. También propone en este sentido la iniciativa popular de ley, así como la descentralización regional y la elección directa de los consejeros regionales.  No se refiere Piñera, sin embargo, al término del sistema electoral binominal, el que como sabemos ha sido la piedra angular de la exclusión de vastos sectores políticos y etno-culturales de toda forma de representación en el parlamento, dificultando con ello una reforma más profunda de la institucionalidad heredada de la dictadura.

Otro ámbito de interés es el que dice relación con los pueblos indígenas.  Piñera reitera en su mensaje lo señalado en su programa de gobierno en el sentido de que la gran riqueza de Chile es su diversidad cultural, lo que no deja de ser una paradoja para un Presidente que ha nombrado un equipo de gobierno caracterizado por un fuerte sello mono étnico y mono cultural.  Propone en esta materia el reconocimiento constitucional de los que define como “nuestros” pueblos indígenas, así como  reformas a la institucionalidad actual para generar una agencia de desarrollo indígena.  Nada señala en relación al Convenio 169 de la OIT hoy vigente en Chile, y menos en relación al deber del Estado de consultar a los pueblos indígenas frente a las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles.  Propone además de la reforma de la política de tierras, una política de rechazo frontal a la violencia que “grupos minoritarios” generan en territorios indígenas y un Plan Araucanía, paradojalmente promovido por empresarios de esta región y no por los pueblos indígenas, para incentivar el “desarrollo” y las inversiones en los mismos territorios. Se debe resaltar que se trata de un desarrollo que ha sido abiertamente cuestionado por dichos pueblos por ser inconsulto y excluyente.  Esboza así una política que implícitamente distingue, al igual que lo hicieron algunos gobiernos de la Concertación, entre los “indios buenos” y “los indios malos”, proponiendo políticas de apoyo e inclusión  para los primeros y  mano dura o represión para los segundos.

Llama la atención para un mandatario que sostiene que los tratados internacionales y la  promoción de los derechos humanos como uno de los pilares básicos de su política exterior, y que reconoce la necesidad de adecuar la legislación interna al derecho humanitario, la total omisión del mensaje sobre el  compromiso de su gobierno a dar cumplimiento a las recomendaciones que diversas instancias de la ONU han hecho en esta materia al Estado de Chile con insistencia en los últimos años, y cuya implementación se encuentra pendiente.

Recordemos que el Estado de Chile ha sido interpelado por diversas instancias de Naciones Unidas por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos en virtud de diversos tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes en el país.  Sólo el 2009,  cuatro instancias de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos, del que es miembro, el Comité Contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y el Relator Especial para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, representaron al Estado chileno su déficit en el cumplimiento de dichas obligaciones.  Entre las materias representadas por dichos órganos e instancias de la ONU al Estado de Chile en este sentido se incluyen las dificultades del sistema electoral vigente para asegurar la participación política; la persistencia de la ley de amnistía, que impide la sanción de las violaciones de derechos humanos del pasado; la persistencia de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles; los abusos policiales en contra de la población civil e indígena; y la vigencia de una ley antiterrorista que no garantiza el derecho al debido proceso, recomendando la adopción de reformas legislativas y políticas consistentes con los derechos humanos.  Ello además de representar la situación de exclusión y de discriminación jurídica y política de los sectores que representan la diversidad en Chile, entre ellos pueblos indígenas, mujeres y migrantes, efectuando numerosas recomendaciones al Estado para la superación de estas realidades violatorias de derechos humanos.

Si bien es efectivo que algunas de las medidas anunciadas por Piñera, en especial las orientadas al fortalecimiento de la democracia y a abordar la realidad de los sectores objeto de discriminación, asumen algunas de las recomendaciones realizadas por las instancias de la ONU antes referidas para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia, la mayor parte de ellas fueron ignoradas por el Presidente en su mensaje.  Consecuentemente, no forman parte de las prioridades de su gobierno, desoyendo los lineamientos de la ONU, y contradiciendo su declarado compromiso en materia de derechos humanos.

Se trata de una situación preocupante que debe movilizar a la sociedad civil para exigir al gobierno que encabeza Piñera consecuencia y coherencia en una materia tan central para la convivencia social democrática.  Ello refuerza la urgente necesidad planteada recientemente por organizaciones no gubernamentales a las autoridades de su gobierno de conformar un mecanismo, con participación de los distintos estamentos del Estado, y de la sociedad civil, a objeto de  implementar las recomendaciones que Naciones Unidas ha realizado a Chile en esta materia, única manera de garantizar que los derechos humanos no se transformen en un discurso carente de contenido, sino que éstos sean efectivamente asumidos y promovidos conforme a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país.