El Banco Mundial (BM), junto al gobierno de Suiza, indicó que cada año, por la vía de operaciones de funcionarios corruptos y de delincuentes financieros que realizan acciones de soborno y malversación, se roban a los países en desarrollo entre 20 mil y 40 mil millones de dólares.
La información entregada por autoridades del BM y de Suiza, señaló que ese dinero va a caer a “centros financieros internacionales” o a “paraísos fiscales”, y su lavado y trasvasije muchas veces corre por los rieles del narcotráfico y el crimen organizado.
La directora gerente del BM, Ngozi Okonjo-Iweala, planteó que “cada año se roban miles de millones de dólares a los países en desarrollo” y que si no se pone freno a esta situación, aumenta el empobrecimiento de las naciones pobres.
El BM tiene un estimado de que sólo con 20 mil millones de dólares que se roban de naciones latinoamericanas, africanas y asiáticas, se puede financiar la construcción de 48 mil kilómetros de caminos de dos vías, dar tratamiento a 120 millones de personas con VIH/Sida y se podría construir 50 millones de conexiones a agua potable. Por cierto, con 40 mil millones de dólares se pagaría gran parte de la deuda externa de Chile.
Frente al saqueo de recursos, Okonjo-Iweala planteó que “los planes de estímulo y regulación financiera, la lucha contra la corrupción y el robo de activos debe ser una de las prioridades” en los países desarrollados y en desarrollo.
En general se sabe que los funcionarios corruptos cometen los ilícitos a través de desfalcos a las finanzas públicas al tener acceso a las operaciones y a las determinaciones de movimientos de activos y presupuestos. Así también, lo hacen recurriendo a abultados sobornos cuando están a cargo o son cercanos a operaciones de los gobiernos con multinacionales y consorcios. Muchas de estas situaciones nunca llegan a conocerse, sobre todo porque los personeros tienen amplias coberturas y entran en un entramado de complejidad financiera, en medio de inexistentes o frágiles marcos regulatorios. Al mismo tiempo, los consorcios que posibilitan la corrupción, ocultan las operaciones irregulares que, en definitiva, les benefician. En Chile, hay casos investigados en relación al sector ferrocarriles y la compra de aviones de combate.
Ngozi Okonjo-Iweala del BM y Micheline Calmy-Rey, Jefa del Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza, plantearon que este flagelo financiero debe ser encarado por los gobiernos de países en desarrollo y desarrollados, y también deben cumplir un papel de primer orden los sectores público y privado. Llamaron a que los países adopten la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
La directora gerente del BM manifestó que “el sector privado tiene un papel muy importante que desempeñar” y enfatizó que se debe perseguir “con energía a los que sobornan”.
El BM y gobiernos como el de Suiza trabajan con la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Este organismo reportó que “cada año se pagan sobornos, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, por valor de más de un billón de dólares estadounidenses”.
En relación a desfalcos y corrupción, en América Latina hay casos investigados como los dictadores de Haití, Jean Claude Duvalier, que habría robado unos 800 millones de dólares del Estado haitiano, y de Chile, Augusto Pinochet, que habría “tomado” varios millones de dólares del erario nacional; la situación de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, a quien se acusó de apropiarse vía corrupción, de 120 millones de dólares; y el mal uso de dineros provenientes del petróleo durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Un informe de Integración Mundial Económica señaló que “900.000 millones de dólares se ocultan cada año provenientes de economías subdesarrolladas, con aproximadamente 11,5 billones de dólares escondidos frecuentemente en paraísos fiscales”. Mucho del desfalco se disfraza u oculta bajo el concepto de “fuga de capital” cuando en rigor se trata de acciones corruptas que posibilitan sobornos y robos de riqueza financiera. El experto Khadija Sharife, planteó en un artículo titulado “Fuga de capital: paraísos de pan jengibre, economías caníbales”, que todo este fenómeno letal para las economías en países en desarrollo, va “desde unas ‘vacaciones fiscales’ hasta la privatización de los servicios estatales (y) sacando pedazos enormes del capital natural en subastas de multinacionales. En total África ha perdido 600.000 millones de dólares en fuga de capitales”.
Como un ejemplo de desfalco y corrupción, en un reporte titulado “Compañías multinacionales: los nuevos colonizadores de África”, se recordó que el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, fue acusado de que su gobierno vendió tecnología en desuso a Tanzania. “Al Parlamento inglés se le comunicó –manifestó el reporte- que el Reino Unido ha vendido un sistema inútil de control de tráfico aéreo a Tanzania en el año 2001 por medio de un trato sórdido y escandaloso. Clare Short, miembro del Parlamento, afirmó que el trato fue absurdo y hostil para con los intereses de Tanzania y que el Barclays Bank ha operado en secreto con el gobierno prestándole el dinero a Tanzania, pero ha mentido al Banco Mundial sobre el tipo y la cantidad total del préstamo. Short dijo que Tanzania podría haber pagado menos por el mismo equipo”.
En cuanto a las opciones para “administrar” el dinero robado, ya hace más de una década, 200 jueces europeos firmaron la Declaración de Ginebra que, entre otras cosas, señalaba que en Europa existían las condiciones “para reciclar dinero de la droga, del terrorismo, las sectas, la corrupción y las actividades mafiosas”.
Tarea no menor de los organismos, gobiernos y expertos anticorrupción, tendiente a bajar el desfalco de capitales y de recursos financieros que crece como otro mortífero mal para las economías, los pueblos y los recursos de las naciones en desarrollo.