Una serie acciones en conjunto en materia de Derechos Humanos está trabajando el gobierno, tanto de manera interna como externa.

Las palabras del Presidente de la República, Sebastián Piñera, sobre la situación del periodista y líder de la disidencia cubana, Guillermo Fariñas, no sólo condenaron nuevamente  la situación de la isla, sino que informó nuevas medidas de parte del gobierno chileno en la materia.

“Le he pedido a nuestro ministro de Relaciones Exteriores y a nuestro embajador en Naciones Unidas que hagan todas las gestiones necesarias frente al gobierno de Cuba y frente a Naciones Unidas para intentar salvar la vida de Guillermo Fariñas” dijo el mandatario.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, aprovechó que se encontraba en la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), para reunirse en una bilateral con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, y con el vicecanciller de ese país, Abelardo Moreno, para solicitar que “ se hiciera todo lo posible para evitar un trágico desenlace de Fariñas”.

En paralelo a esto, parlamentarios de la Democracia Cristiana reactivaron su ofensiva sobre este tipo de políticas. Al respecto el  senador Patricio Walker ya pidió una reunión con el canciller Moreno para solicitarán realizar “acciones en conjunto” .

No es la primera vez que un grupo de la DC se alinea con La Moneda en esta materia. En marzo pasado el mismo senador Walker junto a sus compañeros de bancada Ximena Rincón y Andrés Zaldívar, acudieron a La Moneda a solicitar al Presidente  Piñera que apoyara un proyecto de acuerdo que solicitaba la liberación de los 25 “presos de conciencia” en Cuba. Ocasión en la que el mandatario no sólo los apoyó, sino que también les pidió agilizar el tema.

El proyecto fue presentado la segunda semana de marzo y aprobado en la última del mismo mes, siendo mandado casi de manera inmediata a cancillería, donde lo despacharon en abril pasado a Cuba.

Si bien se reconoce que es difícil que el gobierno de Raúl Castro cambie de actitud, sobre todo estando como antecedente la muerte de Orlando Zapata, la idea es que Chile, en conjunto con otros países manifiesten, que “no conseguirán apoyo de ninguna especie y menos en materia del bloqueo comercial con Estado Unidos si se continúan violentando los Derechos Humanos”.

En tanto en materia nacional los cuestionamientos vienen en relación al embajador en Panamá,  Alberto Labbé Galilea, citado a declarar en el proceso de la Operación Cóndor. Un caso que volvió a abrir la puerta a las críticas sobre la extrema demora que existe en los hechos relacionados a la violación de los Derechos Humanos.

En este sentido fue el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien aseguró que el embajador Labbé Galilea debe cumplir con la justicia tal y como lo hace cualquier persona común. El secretario de Estado prefirió guardar silencio, eso sí, sobre las razones que tuvo el programa de Derechos Humanos de su ministerio para pedir que llamarán a declarar nuevamente a un funcionario del gobierno.

En torno la tardanza de los procesos relacionados a los DDHH, el ministro Hinspeter reconoció que existen falencias, las cuales, aseguró, “se producen por la lentitud de los procesos judiciales”.
Sin embargo, una de las principales razones en la demora de los procesos de Derechos Humanos es el accionar del ejército, quienes tardaron muchos años en colaborar con las causas relacionadas a la dictadura militar e, incluso, en gran parte de ellas dejaron en evidencia el claro propósito de buscar impunidad ante los delitos cometidas.