El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Raúl de la Puente, afirmó que durante este mes se incrementará el trabajo con otras organizaciones sindicales para aunar posturas de cara a un eventual paro nacional de actividades en repudio a los despidos del sector público.

En total, la ANEF contabiliza a más de dos mil 500 personas desafectadas de diversas reparticiones públicas, lo que generó que la agrupación presentara una serie de demandas a los ministerios de Hacienda y del Trabajo, las que deben ser respondidas durante esta semana.

“Esta semana el ministro de Hacienda quedó de entregar una respuesta al pliego de peticiones, por lo tanto será muy importante lo que ocurra a fines de la semana para las acciones que la ANEF ya tiene programadas y que de no producirse ninguna modificación en lo que significa detener los despidos, estudiar la reincorporación de nuestros compañeros desvinculados y dar una respuesta a este pliego de peticiones, la ANEF continuará con su plan de movilización”, indicó De la Puente.

La situación está bastante lejos de mejorar. La semana pasada de hecho, se registraron 30 nuevos despidos en el Mideplan, por lo que el presidente de la ANEF ironizó diciendo que el ministro Felipe Kast quiere aumentar aún más la controvertida cifra de pobreza en el país.

Si las demandas de la ANEF no son escuchadas por el gobierno, Raúl de la Puente indicó que el paro nacional será inminente y aunque no puso fecha para la movilización, sí dijo que se trata de un problema que “no pasa de agosto”.

“Naturalmente que estas movilizaciones van ascendiendo y terminaran en un gran paro nacional, cuando estén las condiciones lo vamos a anunciar en su oportunidad. Nos parece que agosto siempre ha sido una fecha bastante significativa. Hay una frase que dice, no pasa de agosto”, destacó el dirigente.

En el petitorio, la ANEF incluyó además un urgente llamado al gobierno a trabajar en medidas de estabilidad laboral, tomando en consideración que hoy existen 95 mil funcionarios a contrata y 10 mil a honorarios, cuyos contratos terminan a fin de año.

También se solicita un incentivo al retiro, un aumento de las remuneraciones y el derecho a la negociación colectiva y a la huelga legal.