Con la promulgación de la Ley de Autonomías este lunes, Evo Morales completa un marco de cinco leyes políticas, judiciales y electorales que considera pilares de su gobierno, y que ha generado protestas no sólo en oposición, sino que ha recelado a algunos grupos indígenas, que han sido su sostén electoral.

Morales y el oficialismo consideran que las cinco leyes son la columna vertebral de la administración, en el marco de la nueva Constitución de corte indígena y estatista. Ahora, Bolivia se regulará con una alta instancia de administración central -el ya presente Órgano Ejecutivo Plurinacional- al que ahora se suman cuatro clases de autonomías: regionales, departamentales, municipales e indígeno-originario-campesinas.

Pero de hecho, la nueva ley es un enjambre de artículos que re-ordena administrativa y políticamente el mapa de las regiones y vuelve a asignar atributos y poderes tanto de las autoridades como del electorado y la forma en que cada uno de ellos se compone según el tipo de distrito e incluso de población que lo habite. Además, llueven las críticas por la centralización de recursos por parte del Poder Ejecutivo hacia las regiones; sin embargo, no ha conseguido el apoyo buscado.

La norma desató la protesta del comité cívico de Potosí, una región tradicionalmente leal al oficialismo, que considera que la ley le va a significar menos ingresos fiscales.
Sus líderes civiles llamaron el lunes a un paro de actividades en la capital, mientras que seis dirigentes cumplen una huelga de hambre desde la semana pasada.

Tampoco los indígenas amazónicos parecen estar satisfechos. Unos 500 de ellos mantienen una marcha hasta la ciudad de La Paz, aunque esporádicos diálogos con el Ejecutivo han debilitado la idea de llegar caminado hasta la sede de gobierno. En su caso, reclaman, la dotación inmediata de tierras fiscales, aunque Morales considera que ello sólo será posible tras un proceso de “saneamiento” que legisle sobre los derechos de propiedad sobre las tierras.

Para el mandatario esto no es más que un paso adelante: “Quienes se oponen a estas normas son compatriotas nuestros que son retrógrados, conservadores o simples reformistas y aquí estamos para hacer una revolución democrática y cultural”, retrucó Morales en el acto de promulgación de la norma la tarde de este lunes en la sede presidencial.

Como era de esperar, el senador opositor Germán Antelo anunció poco después de la promulgación que los congresistas de la región de Santa Cruz ya entregaron a la justicia un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, advirtió que el recurso “no es contra la ley, es contra los artículos que la hacen inconstitucional”.

Esos artículos, justamente, son los que comprenden la otra parte de la polémica y conciernen fundamentalmente a la eventual destitución sumaria de los gobernadores solamente mediante acusación de algún delito, sin esperar el fallo de un juez.

Un punto es muy sensible precisamente porque la justicia investiga a los gobernadores -opositores -de Santa Cruz, Tarija y El Beni, a los que Morales acusa de usar fondos públicos para organizar referendos autonómicos que el gobierno central considera ilegales. Con la nueva Ley, el gobierno tiene a mano la posibilidad de sacarlos de sus puestos.