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Año XVI, 23 de abril de 2024


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El director de Fonasa pone contra el muro a clínicas y laboratorios por deuda

Nueva forma de gobernar… y de negociar

La deuda del ministerio de Salud con los prestadores privados es monumental, pero ni el propio encargado de saldarla, el director del Fondo Nacional de Salud (FONASA) tiene claridad del monto, por lo que optó por proponerle a las clínicas y laboratorios un pago rápido a cambio de la condonación de la mitad de lo adeudado. Idea que generó molestia y perplejidad, no sólo por el “descuento” sino porque al plantearla, Mikel Uriarte, les habría enrostrado las “llallitas” a los privados.

Diana Porras

  Miércoles 4 de agosto 2010 21:20 hrs. 
Radio-Uchile

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El actual gobierno recibió una deuda hospitalaria que es calificada como “la más grande de la historia”. Este monto supera los 200 mil millones de pesos, incluyendo la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).

Por esa razón, desde algunas semanas el director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Mikel Uriarte, ha comenzado a citar a representantes de los acreedores, entre ellos, las clínicas y los laboratorios para negociar con ellos el pago de esta deuda.

Sin embargo, la “nueva forma de negociar” habría sorprendido a los acreedores del Estado. Según El Mostrador, Uriarte estaría planteando la siguiente propuesta: “Te aseguro pronto pago y me condonas el 50 por ciento de la deuda”. Y donde el mensaje sería que “como ustedes se portan mal se justifica que les aplique una rebaja a la deuda”. Idea que no ha sido bien recibida por el sector, que incluso la interpretó como una amenaza, porque en otras ocasiones la autoridad se ha demorado en pagar, pero siempre cancela.

La tarea encomendada a Uriarte no está siendo fácil. El actual ministerio de Salud, Jaime Mañalich, derivó la labor de cobranza y pago a Fonasa y su director, ex presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile y ex candidato a concejal UDI por Las Condes, tuvo que reunirse ayer con las Clínicas de Chile para aclarar a los prestadores privados que hay diferencias en las cifras de las deudas debido a un desfase en los registros que mantienen los establecimientos públicos.

Las Clínicas de Chile emitieron un comunicado donde explicaron que en la cita se “entregó información actualizada de la situación de morosidad del sector público con los prestadores privados, con el propósito de aportar antecedentes tendientes a agilizar los procesos de conciliación de deuda que realiza Fonasa” y manifestaron al director “la intención de cumplir con todas las obligaciones contraídas una vez que se haya conciliado debidamente la deuda del sector público (hospitales, Servicios de Salud y Fonasa) con los prestadores de salud privados”.

Al mismo tiempo, Mikel Uriarte afirmó que “debemos ser responsables y honrar los compromisos, pero debemos tener certeza que lo que se cobra cuadra con lo que se debe. El que paga mal, paga dos veces… se debe cancelar lo que esté debidamente conciliado”, refiriéndose a estas diferencias entre lo que dicen los acreedores y lo que señalan los hospitales, que llegarían “a cifras superiores al 50 por ciento”.

Las diferencias obedecerían a un desfase en los registros de los hospitales, debido a que las facturas que se reciben por atenciones a pacientes derivados al sector privado son sometidas a diferentes controles y auditorías y, por ende, no aparecen adquiridas todas las obligaciones contraídas con los privados.

De todas formas, la primera molestia de las clínicas parece haber amainado un poco y se mostraron esperanzadas en el compromiso de Fonasa de revisar la información.

Pero aunque Uriarte aseguró que su objetivo es “resguardar los recursos financieros”, diversos actores criticaron su manejo con los acreedores. El diputado DC de la comisión de Salud Gabriel Silber, dijo que le “parece absolutamente  irregular e inédito en la administración pública esta forma de negociación que se viene solicitando, incluso de manera matonesca por el no pago de las deudas”.

“Tal vez hoy día no paguemos nuestros compromisos, pero cómo va el Estado acudir a los prestadores y/o laboratorios si al final del día se declara de por sí un incumplidor”, aseguró el diputado. Silber agregó que sería necesaria una citación a la Cámara para explicar esta situación que, asegura, está “al filo de la legalidad”.

Por su parte, el senador de la DC, Mariano Ruiz Esquide,  señaló que “no hay razón para rebajar las deudas porque alguien sale dañado innecesariamente”.

En tanto, la presidenta de la comisión de Salud, la diputada de RN Karla Rubilar, defendió el proceder de Uriarte y aclaró que la revisión clara de cuánto es la deuda es el mejor paso que pudo haber tomado. Rubilar informó que “su cargo (director de Fonasa) significa defender los recursos y para eso está planteando que va a revisar detenidamente las cuentas, los pagos y facturas y va a pagar lo justo. En las negociaciones va a ser muy cuidadoso de lo que se esté cancelando entre lo usado y gastado”.

Idea que no comparte Claudio González,  presidente de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de Servicios de Salud, (Fenpruss), quien concluyó que no hay palabras para calificar este modo de actuar.  González explicó que “se piensa que el prestador privado entrega un servicio al prestador público bajo la lógica de que le van a pagar. Estas nuevas lógicas de negociación que son parte de las nuevas formas de gobernar nos dejan perplejos”.

“El gobierno tiene que darse cuenta de que todo el tema no pasa por gestión sino por mayores recursos y que efectivamente en la discusión presupuestaria de este año tendrán que estar esos recursos para pagarles a los privados, pero también para tener una salud de calidad y no tengamos que estar jugando con los números para cumplir las metas del gobierno”, manifestó el dirigente.

En este escenario, Fonasa trata de enfrentar el difícil desafío de ordenar su deuda, pero siendo consciente que no puede entrar en conflicto con los prestadores privados, con quienes se augura una relación a largo plazo, más aún con las precariedades que tiene el sistema público de salud y las reformas  tendientes a traspasar servicios a privados que el Gobierno ha anunciado.

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