La comisión independiente de Naciones Unidas que investigará el ataque de Israel a la Flotilla de la Libertad, un grupo de embarcaciones que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y donde murieron nueve ciudadanos turcos, nace marcada por la polémica. Por un lado, Israel ha anunciado que no colaborará si se interroga a sus soldados y, por otra, numerosas organizaciones humanitarias han reaccionado con indignación ante la elección del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para codirigir la investigación.

Lo adelantó ayer el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la comisión que Israel ha llevado a cabo por cuenta propia. Netanyahu sostuvo que existía un acuerdo negociado entre bastidores para que el panel de la ONU que este martes inicia sus labores se abstenga de llamar a declarar a soldados que participaron en el asalto a la flotilla.  El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon lo negó, pero el ejecutivo israelí ha vuelto a reafirmarse en sus declaraciones.

“El primer ministro comunicó claramente que se negará a cooperar y a participar en una comisión que pida interrogar a soldados”, advirtió este martes Nir Hefetz, portavoz de Netanyahu, en declaraciones a una radio militar.

“Antes de que Israel anunciara su participación en esa comisión, nos aseguramos, en intensas negociaciones entre bastidores, de que esa comisión sea equitativa, responsable y no atente contra los intereses vitales y la seguridad de Israel”, agregó. Un día antes, el mismo personaje negó que existiera tal acuerdo.

No es la única tempestad que amenaza la credibilidad de la investigación. Las aguas bajan revueltas desde que Ban Ki-moon anunció que, junto al ex primer ministro de Nueva Zelanda Geoffrey Palmer, lideraría la investigación el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

La respuesta de las organizaciones por los derechos humanos fue inmediata, también por parte de las ONG colombianas. Un grupo de estas organizaciones escribió al secretario general de la ONU manifestando su rechazo: Uribe “no está calificado para defender el derecho internacional”, decía tajante la misiva. Para argumentar su rechazo, le recordaron “la violación de la integridad territorial de un Estado vecino”, que, a su entender, cometió el gobierno de Uribe el 1 de marzo de 2008, cuando bombardeó el territorio de Ecuador buscando alcanzar un campamento del guerrillero de las FARC Raúl Reyes. Una resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció que la incursión “constituyó una violación de la soberanía y de la integridad territorial de Ecuador”. También mencionaron las “ejecuciones extrajudiciales” cometidas bajo su mandato. A juicio de estas organizaciones, no está legitimado para abordar una investigación de este cariz.

De esa misma opinión es Philippe Texier, ex magistrado francés y experto de la ONU consultado por RFI, que se pregunta si no había “otro personajes más presentable” que Uribe para encabezar una investigación que, a su parecer, queda “descalificada” con la presencia del ex presidente colombiano. Se hace una pregunta: ¿Había un acuerdo con Israel?”.