Doce años diputado por Copiapó, Antonio Leal intentó transformarse en senador por la región de Atacama –escenario de la tragedia minera que conmociona a los chilenos-, perdiendo en el intento ante la candidatura de Isabel Allende y la división concertacionista. Hoy vuelve a sacar la voz, como especialista en temas mineros del Partido por la Democracia (PPD) que integró la comisión parlamentaria respectiva. Lo hace para culpar directamente a los propietarios de la mina San José, aunque no elude las responsabilidades del Estado, principalmente a través de un ente fiscalizador, Sernageomin,  tan feble como inconducente. Esbozando alguna crítica al actual gobierno, prefiere, por ahora, postergar los juicios políticos y plantear acciones urgentes y drásticas sanciones.

Aparte de la tragedia humana y la conmoción social, este derrumbe produce también consecuencias en lo tocante a responsabilidades políticas y penales…

Aquí hay una responsabilidad histórica del mundo empresarial minero, del Estado y del centralismo  en la seguridad en las faenas mineras.
Pero los principales responsables directos de esta tragedia son los dueños de la compañía minera San Esteban, Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, este último propietario del 70 por ciento del mineral. Ellos han infringido permanentemente la ley, pese a los accidentes ocurridos en las faenas de este mineral entre los años 2003 y 2010, que han costado la vida a tres mineros y dejado gravemente lesionados a otros dos. Han sido insensibles frente a las exigencias de mayor seguridad, engañando con promesas nunca cumplidas a los órganos de fiscalización y al sindicato de la empresa.

¿Qué hicieron concretamente las autoridades frente a faltas tan graves?

Desde el año 2003 los sindicatos mineros vienen denunciando la peligrosidad de este yacimiento. El accidente grave que se produjo el año 2006 y las denuncias formuladas por el sindicato y por los parlamentarios de la región llevaron a que el director regional de Sernageomin Anton Hraste decretara ese año, con todo nuestro apoyo,  el cierre de las faenas mineras, por la evidente peligrosidad que implicaba trabajar en ese yacimiento.

En aquel momento el gerente y dueño del mineral Alejandro Bohn amenazó al director Anton Hraste con hacerle perder el puesto si la mina no se reabría.
Los dueños se comprometieron a realizar mejoras en tema de ductos de ventilación, rampas de acceso, refuerzo de los túneles, refugio de seguridad y salida de emergencia. Sin embargo, no cumplieron y es un crimen que este mineral -donde los mineros trabajan hasta 800 metros de profundidad- no disponga de una salida de emergencia. Ello impide que cuando se producen derrumbes los mineros puedan ser evacuados por una vía alternativa a la boca del mineral. En esas condiciones nunca se debió permitir la reapertura del mineral San José, ya que éste no cumple con los mínimos requisitos de seguridad que exige la ley.

El gobierno de entonces fue quien decidió la reapertura.

La decidió el director nacional de Sernageomin Alejandro Vio, que ocupa el cargo hasta hoy.

¿Pese a ser un hombre de la Concertación?

El ganó el puesto por concurso público.

El punto de las responsabilidades políticas es muy serio para llevarlo al terreno partidista. ¿No ha habido una falla tanto de los propietarios como de los fiscalizadores?

En un accidente de tránsito, la responsabilidad principal es del que lo produjo, no de los carabineros, que lo vieron o no. No nos engañemos, Sernageomin actual no está en condiciones ni de personal, ni de expertos en geología mecánica ni de recursos para establecer una fiscalización adecuada que garantice el cumplimiento de la ley en temas de seguridad. De ello se aprovechan muchos empresarios para abaratar costos en seguridad, obtener mayores ganancias y mantener condiciones altamente riesgosas para los trabajadores en las faenas mineras.

Esos recursos no se otorgaron, como tampoco al SHOA ni a tantos otros organismos del Estado cuyas carencias saltan a la luz cuando ocurren maremotos y derrumbes mineros.

En su momento denunciamos que Sernageomin poseía una estructura, el personal y las normas de seguridad de las faenas mineras prácticamente igual a las que existían en el momento de su creación en 1980, pese a que la inversión en minería ha aumentado más de 10 veces desde esa fecha.

Sin resultados hasta hoy, lo que implica también al actual gobierno.

Tampoco tuvo resultados la reunión que tuvieron los trabajadores con el actual ministro de Minería Laurence Goldborne a poco de asumir, en marzo último.

¿Cómo valora la actuación del gobierno de Sebastián Piñera en esta emergencia?

Ya habrá tiempo para hacer las evaluaciones que corresponda, una vez que se haya conseguido el objetivo de rescatar con vida a los mineros enterrados.
Por ahora, valoro el despliegue de maquinaria, tecnología y recursos humanos que lleva a cabo el gobierno, con el aporte de Codelco y de otras grandes empresas mineras. Ha habido errores, ya que el sondaje para comunicarse con los trabajadores en el fondo de la mina y hacerles llegar agua y oxígeno debiera haber partido el mismo jueves pasado, pero más allá de cualquier otra consideración, estamos dispuestos a colaborar, sin reserva alguna, en todos los esfuerzos que despliegan las autoridades.

Pero la maquinaria de alta sofisticación estaba en otros sitios y trasladarla tomaba su tiempo.

Así es, pero debiera existir una planificación que permita una presencia más inmediata de tales recursos al producirse una emergencia como esta.

Esta impresionante maquinaria para los sondajes, así como un mejor equipamiento e infraestructura de las empresas mayores, ¿no está jugando a favor de la gran minería, en detrimento de los medianos  y pequeños emprendedores?

De los pequeños y de los pirquineros, no, porque ellos no trabajan muy adentro. Y las medianas empresas facturan grandes ganancias, engrosadas últimamente por el mayor precio del cobre, llegando a utilidades de más de 10 millones de dólares. Esto les permite hacer todas las inversiones requeridas para la seguridad en las faenas mineras.

Tampoco los empresarios pueden insistir en continuar operando en un yacimiento como el de San José, que tiene más de 120 años de explotación, está ubicado en un cerro con evidente agotamiento, que presenta fracturas, goteos y caídas permanentes de piedras y agua, que carece de buena ventilación y de estabilidad, y cuya ingeniería de explotación es poco adecuada para el uso de explosivos y el acceso de camiones modernos.

A causa de la presión, la roca estalla en esa mina produciendo esquirlas semejantes a la de una explosión, las que ya mataron a un trabajador el 2006 en la rampla de ingreso al mineral. El que haya explosiones de roca  hace altamente incierto el trabajo humano en la mina y extrema una situación de riesgo impredecible, que puede concretarse en cualquier momento.

¿Y todo esto no lo sabe el Sernageomin?

La verdad es que Sernageomin posee 18 fiscalizadores, ya que menos del siete por ciento de su personal es destinado a la fiscalización en terreno; en Atacama hay dos fiscalizadores en terreno y otros dos en tareas administrativas, en una región donde hay inscritas 890 faenas mineras. Sólo alcanza  a cubrir, con una sola visita al año, el 60 por ciento de las faenas mineras y cuando aplica sanciones, muchos empresarios prefieren pagar las bajas multas que establece la ley que invertir en seguridad laboral.  Sernageomin no sólo se ocupa de fiscalizar la seguridad en las faenas,  sino que la mayoría de su personal está dedicado a la legalización de las concesiones mineras -y con evidentes retardos, ya que sólo en Atacama hay más de 2500 expedientes atrasados-, del medioambiente y de las estadísticas mineras, todo lo cual deja en claro que para este organismo la fiscalización de la seguridad es un trámite, pero no está en la esencia de su función.

El gobierno ya anunció una profunda reestructuración del ente. ¿En qué debiera consistir ella?

Que debiera estar radicado no en Santiago, sino en las zonas mineras. Que endurezca legalmente las sanciones por el incumplimiento de la ley, profundice en temas de seguridad y establezca mediante un mayor presupuesto un organismo con políticas adecuadas a las condiciones del nivel de inversión que el país tiene hoy.

Eso puede tardar mucho, así como a la comisión investigadora de la Cámara le tomará 60 días sacar sus conclusiones. En lo inmediato, ¿qué debe hacerse frente a la tragedia de los 33 mineros enterrados?

En lo inmediato pedimos sanciones legales ejemplificadoras en contra de los dueños de la minera San Esteban. Confío que la investigación del Fiscal de Caldera Gabriel Meza demuestre la responsabilidad y negligencia culposa con que han actuado de manera reiterada Kemery y Bohn y exigimos una fiscalización exhaustiva en todos los minerales del país, declarando el cierre definitivo de aquellos que como la mina San José presentan fallas que no son reparables y que colocan en riesgo la vida de los trabajadores. No se puede pensar sólo en las ganancias, en la productividad y en aumentar el empleo a cualquier costo.