El accidente que mantiene atrapados bajo la tierra hace más de una semana a 33 trabajadores en la mina San José, sacó a la luz una realidad que se repite en muchas de las faenas e industrias chilenas de distintos rubros.

Esta tragedia abrió espacio a un debate respecto de la labor y función de los organismos fiscalizadores, pero a la vez, dejó en evidencia la gran responsabilidad que tienen las empresas y sus dueños de velar porque las condiciones mínimas de seguridad se cumplan.

En el caso de la minería el rol fiscalizador está en manos, principalmente, del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín). Sin embargo, también tienen facultades reguladoras la Dirección del Trabajo y el Servicio Nacional de Salud. En este rubro, todas estas entidades se mueven según el Reglamento de Seguridad Minera consagrado en el Decreto Supremo n° 72 y que fue modificado por el decreto 132.

Dentro de sus objetivos fundamentales se incluyen “proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en dicha Industria y de aquellas que bajo circunstancias especificas y definidas están ligadas a ella” y segundo “proteger las instalaciones e infraestructuras que hacen posible las operaciones mineras, y por ende, la continuidad de sus procesos”.

De estos planteamientos se desprende que las compañías no sólo son responsables de sus trabajadores de planta, sino también de los contratistas, quienes históricamente han resultado desprotegidos frente a las diversas eventualidades.

Pero aunque existen reglamentos y exigencias claras en este sentido, los accidentes son una realidad bastante común en las faenas mineras.
De acuerdo a las estadísticas de los últimos quince años, un 31,8 por ciento de los accidentes que tienen resultados fatales se producen por caídas de planchón, roca y saca. Aspectos que, precisamente, se producen en situaciones de derrumbe como la de ahora.

Más abajo y con un 13, 3 por ciento se ubican los incidentes que se relacionan con deficiencias en la superficie de trabajo, un 9,4 por mala manipulación de vehículos, un 7,1 por agentes químicos, un 2,7 por explosivos y un 0,8 por fallas en las instalaciones de la mina, todos con resultado de muerte.

Según explica el ingeniero en prevención de riesgos y experto en seguridad en minas, Antonio Morales, el 80 por ciento de los accidentes se producirían por incumplimiento de las normas, en los llamados “actos estándares”. Éstos sostienen que el 24 por ciento de las eventualidades se originan por colocarse en posición o posturas peligrosas, un 19,7 por no respetar los procedimientos de trabajo, un 12,7 por no usar equipos de protección personal, un 9,3 por no asegurar los equipos o lugares de trabajos, un 5,7 por el uso inadecuado de instrumentos o herramientas e, incluso, un 0,6 por ciento de los accidentes ocurren por bromas.

Estas condiciones se relacionan más que nada con fallas humanas, ya sea de quienes están a cargo como de los trabajadores. Pero existen una serie de condiciones ambientales que también determinan los índices de accidentabilidad.

De acuerdo a estas mismas estadísticas un 30,7 por ciento de los incidentes que se presentan en minería se deben a un área o superficie de trabajo inestable, en mal estado o no resguardado. Un punto importante si se considera que varias de las teorías respecto de lo que sucedió en la mina San José y tal como lo denunciaron en varias ocasiones los trabajadores, el cerro no habría estado en condiciones para seguir siendo explotado. De hecho, varios de los problemas que la minera San Esteban había experimentado anteriormente se relacionaban, precisamente, con la debilitación de las fortificaciones – mecanismos que se ponen en la mina para lograr un soporte mayor- y por la caída de planchas.

Las condiciones técnicas que provocaron esta tragedia se condicen con las estadísticas que mantiene esta industria. Y si bien, sólo un 20 por ciento de los accidentes se gestan por elementos ambientales, el 27, 2 por ciento de ellos se da por instalaciones o equipos en mal estado y un 24 por ciento por acuñaduras y fortificaciones insuficientes. En un porcentaje menor éstos se dan también sustancias explosivas o tóxicas en el ambiente.

¿Regulación ineficiente?

El Reglamento de Seguridad Minera ha sido sometido a modificaciones a través del tiempo y su última revisión y actualización fue en 2004. Todos los cambios apuntaban a mejorar y considerar situaciones o alcances que no estaban contemplados en sus versiones anteriores.

A juicio de Antonio Morales. “Hasta el momento ha resultado ser un aporte a la gestión para el cumplimiento de sus requerimientos. Evidentemente como todo tipo de reglamentación queda sujeto a que se pueda mejorar continuamente para no dejar escapar requerimientos relevantes y evitar ambigüedades, interpretaciones y/o vacíos. Nos aporta como referencia y como normativa que se debe cumplir, pero la debilidad esta en el tipo de fiscalización y si en realidad se cumple con todo lo que se exige”.

“Sabemos y es evidente que los fiscalizadores detectan desviaciones o incumplimientos que son notificados a las empresas, otorgando un plazo para que atienda y corrijan esto, pero se dan casos en que las compañías no cumplen y el seguimiento no cierra el ciclo o simplemente las soluciones son con un menor estándar”, agrega el experto.

De hecho, sólo en la región de Atacama existen dos mil faenas y sólo dos inspectores para toda la zona, lo que influye directamente en la falta de seguimiento o sanción del sistema.

Todos factores que deberán ser analizados en la reestructuración al Sernageomin que planteó el Presidente Sebastián Piñera a raíz de la tragedia de San José.